Fachada del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona), en una imagen de archivo
Tribunales
Las recientes victorias judiciales fortalecen la ofensiva contra las exigencias «excluyentes» del catalán
«No se puede inflar arbitrariamente el nivel de catalán para cerrar el paso al empleo público a miles de ciudadanos», denuncia Escolano
En las últimas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha sentenciado que exigir un nivel desproporcionado de catalán para acceder a una plaza de enterrador en Vic (Barcelona) o a una de chófer en el Parlament es ilegal. Se trata de dos victorias judiciales fruto de la labor de la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana (CCC), que ve en ellas un acicate para redoblar sus esfuerzos.
De ahí que ahora CCC haya presentado tres nuevas demandas contencioso-administrativas contra convocatorias de empleo público que exigen «de forma excluyente» un nivel B2 de catalán como parte de los requisitos, según señalan en un comunicado.
En concreto, CCC ha recurrido dos convocatorias del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona) –una para cubrir una plaza de chófer y otra de jardinero– y una convocatoria del Ayuntamiento de Sarrià de Ter (Gerona) para cubrir tres plazas de oficial de brigada.
Según señalan desde la entidad, estas nuevas acciones judiciales se sustentan «expresamente» en la reciente doctrina del TSJC, ya que esta «ha empezado a corregir judicialmente los excesos en la imposición de requisitos lingüísticos para acceder al empleo público». El presidente de CCC, Ángel Escolano, celebra que el alto tribunal catalán haya «empezado a poner freno» a esta práctica, que desde la entidad llevan años denunciando.
«No se puede inflar arbitrariamente el nivel de catalán para cerrar el paso al empleo público a miles de ciudadanos», lamenta Escolano, y añade que «cuando el requisito lingüístico se utiliza como mecanismo de exclusión y no como exigencia proporcionada al puesto, lo que hay no es normalidad administrativa, sino discriminación».
Un «esquema de exclusión»
Desde CCC consideran que las tres convocatorias recurridas «reproducen exactamente este mismo esquema de exclusión», ya que en todas ellas se exige el nivel B2 de catalán, que corresponde a una competencia lingüística intermedia-alta. La entidad considera que esta práctica convierte la lengua en un «filtro de exclusión» y vulnera los artículos 23.2 y 14 de la Constitución, pero que también es «cada vez más difícil de disimular».
Estos tres no son los únicos frentes judiciales que tiene abiertos CCC en este mismo ámbito. Actualmente, la entidad tiene impugnada en Amposta la convocatoria para cumplir un puesto de lampista, así como un procedimiento relativo a una plaza de limpiador en Batea (Tarragona). Desde CCC aseguran que seguirán recurriendo todas aquellas bases «que conviertan la lengua en una herramienta de segregación y cierre del acceso al empleo público».
