Illa desborda a los independentistas en la imposición del catalán

El presupuesto de la Generalitat de Cataluña destinado a la promoción del catalán ha crecido un 213% desde 2015, y casi un 50 % desde que el socialista Salvador Illa es presidente. Que el catalán es una prioridad para los socialistas lo refleja el hecho de que, desde que los socialistas están al frente del gobierno catalán, el presupuesto para normalización lingüística ha crecido 26 puntos más que el dedicado a salud.

El anuncio del presidente del ejecutivo autonómico catalán de que el catalán será requisito obligatorio para renovar los papeles de residencia en Cataluña no es un hecho aislado. Los socialistas catalanes ya dieron el visto bueno a la petición de Junts de transferir a la Generalitat las competencias en inmigración, y su único pero fue la necesidad de contar con más tiempo para incrementar la plantilla de Mossos para controlar las fronteras.

Los expertos creen que la petición de Junts, así como el anuncio de Illa, son un brindis al sol, ya que mientras Cataluña siga siendo parte de España, si se endurecen las condiciones de llegada a nuestro país por el aeropuerto o el puerto de Barcelona, los inmigrantes optarán por hacerlo por otros lugares de España y luego moverse libremente por toda la geografía nacional.

Coincidiendo con la jornada de Sant Jordi, el líder socialista catalán dijo que la obligatoriedad del conocimiento del catalán para permanecer en Cataluña vendría acompañada de la creación de 50.000 nuevas plazas para estudiar catalán. La cifra es insuficiente ante la oleada de inmigrantes que llegarán fruto de la regularización masiva impulsada por el gobierno y que en el caso de Cataluña se estima que supondrá la absorción de 135.000 personas más, la comunidad con mayor impacto de España.

Captar voto independentista

Illa y los socialistas mantienen una estrategia de atracción de voto independentista hacia sus filas, como voto útil ante la previsible llegada del PP y Vox al gobierno de la nación. Con el fin de hacerse perdonar su voto favorable a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017, han creado por primera vez una consejería autonómica específica de lengua catalana y en muchos ayuntamientos también están impulsado concejalías específicas del impulso del catalán.

El presupuesto del departamento de Política Lingüística en el proyecto de Presupuestos para 2026, que aún se siguen negociando con ERC y la extrema izquierda de los Comunes-Sumar, asciende a 85 millones de euros. De estos, la mitad se destina al Consorcio de Normalización Lingüística (CNL), para que oferte plazas para el aprendizaje del catalán.

Otra de las partidas importantes es la que se dedica a la subvención de organizaciones como Plataforma por la Lengua que protagonizan campañas para que la población sea grosera y no cambie al español cuando alguien se les dirige en esta lengua, se observe la lengua en la que los niños hablan en el patio o se denuncie a los establecimientos que sus empleados o su comunicación se realiza en lengua española. Los escraches y pintadas en establecimientos regentados o con trabajadores procedentes de América Latina han dejado de ser anécdota para convertirse en cotidianos.

El resultado de estas campañas, amparadas y financiadas por los socialistas catalanes, han sido el despido de la banda municipal de Barcelona de José Joaquín Sánchez, quien, tras tocar 27 años el clarinete en la banda del Ayuntamiento, fue despedido al no ser capaz de acreditar el nivel C de catalán. Antes, en marzo de 2023, aún con ERC en el gobierno -con el apoyo socialista- también fue despedida una enfermera del hospital público Vall d'Hebron de Barcelona, por quejarse en un video subido a sus redes sociales de la exigencia del nivel C para obtener plaza fija.

Sin resultados

La macro inversión en promoción del catalán no da resultados, dado que estudios de la propia administración catalana reflejan que el uso del catalán ha disminuido un 4,1 % en los últimos 20 años, y se sitúa alrededor del 30 % de la población.

La preocupación entre las autoridades, tanto socialistas como separatistas de toda condición, crece porque esos mismos estudios reflejan que en ese mismo periodo de tiempo se ha doblado el número de personas que viven en Cataluña y dicen no hablar nunca en catalán.

Frente al 29 % de los ciudadanos de más de 15 años que tienen al catalán como lengua principal, un 49 % afirma que su lengua cotidiana es el español. A pesar de que cada año la Generalitat pone más dinero sobre la mesa, el número de catalanoparlantes desciende, y las medidas coercitivas, el señalamiento de establecimientos y las multas lingüísticas a establecimientos –que en 2023 alcanzaron las 261, una por día laborable–, el catalán está en retroceso. Sin embargo, los socialistas se han abanderado como defensores de su imposición para conquistar el voto de los que en el pasado apoyaron a Junts y a ERC.