La caída de Zapatero deja al independentismo catalán sin su aliado más fiel

El 'caso Zapatero' no ha sido un mazazo solo en el PSOE, ha causado un impacto gigantesco en el mundo independentista catalán, que ha tenido en José Luis Rodríguez Zapatero, desde antes de que accediese a la presidencia del Gobierno, a uno de sus más grandes defensores, en Madrid y allá donde fuera.

Con la caída en desgracia de Zapatero y su consiguiente pérdida de influencia, termina un cuarto de siglo de complicidad entre el separatismo catalán y el expresidente socialista.

Desde las elecciones generales de julio de 2023, en las que Pedro Sánchez fue derrotado, Rodríguez Zapatero ha sido uno de los actores fundamentales, junto a Santos Cerdán, para seducir a Carles Puigdemont y lograr que este, que durante la campaña electoral afirmó que Junts jamás daría su apoyo al PSOE, cambiara de posición hasta apoyar la investidura.

La estrategia de Zapatero, al servicio de Sánchez, fue fácil: Puigdemont está bastante ocioso en Waterloo, cada vez más olvidado por sus propios compañeros de partido, y las llamadas de un expresidente y sus constantes citas, tanto en Bélgica como en Ginebra (Suiza), halagaban al prófugo líder separatista, que pasó de ser calificado por los socialistas como el Le Pen catalán a aliado al que tenía que agasajarse.

Credenciales nacionalistas

En estas reuniones, las credenciales que lucía Zapatero no eran otras que los años de posicionamiento a favor de las tesis de los independentistas. Todo empezó en 2003, durante las elecciones autonómicas catalanas. Zapatero aún no era presidente, y nada auguraba que fuera a lograr acceder a la Moncloa.

La campaña de Pascual Maragall, la segunda a la que concurría como candidato socialista a la presidencia de la Generalitat –pero la primera en la que no estaba Pujol en la papeleta rival, sino Artur Mas–, tuvo como principal promesa la redacción de un nuevo estatuto de autonomía de Cataluña.

En el mitin de final de campaña, ante 15.000 militantes del PSC, de los que ninguno había mostrado gran interés por el nuevo estatuto, Zapatero promete que, si es presidente del Gobierno, avalará el estatuto que salga del parlamento catalán, sea cual sea su contenido.

El objetivo de los socialistas, que no contaban con ganar las generales de 2004, era meter presión al gobierno del PP, aún presidido por José María Aznar. Maragall ganó sin mayoría, pactó con ERC e IC, hoy Comunes-Sumar, y el parlamento inició los trámites para dotar a Cataluña de un nuevo estatuto que fuera una antesala a la separación del resto de España.

En enero de 2006, Artur Mas, que no era presidente de la Generalitat, pacta con Zapatero, en una reunión secreta en La Moncloa, los cambios a introducir en el estatuto que había sido ratificado por el parlamento en septiembre de 2005, pero que el PSOE había enmendado en el Congreso.

Los dos elementos de discordia eran la definición de Cataluña como nación y los temas de financiación. Las discrepancias se salvan metiendo la calificación de nación en el preámbulo del texto y con la entrega de 5.128 millones adicionales a la Generalitat catalana, pero ERC se siente traicionada, dado que el acuerdo es entre el PSOE y CiU, por aquel entonces en la oposición.

Así, los republicanos dejaron caer al gobierno autonómico y anunciaron que pedirían el voto negativo al nuevo estatuto en el referéndum de ratificación de este. El referéndum se acabó celebrando en junio de 2006. El desinterés en el nuevo estatuto era tal que la participación no llegó al 50 %, y entre los que votaron, un 20 % lo hizo en contra, pero Rodríguez Zapatero ya había pasado a formar parte de los altares independentistas por su contribución a poner los cimientos del procés.

Sustituir a Cerdán

Con este CV, es lógico que cuando Sánchez necesitó reconstruir puentes con Junts tirara del pedigrí de Zapatero. El independentismo, quizás también influido por el hecho de que el abogado de Santos Cerdán es Benet Salellas, hermano del alcalde de Gerona –de la CUP, la formación independentista y de extrema izquierda–, lleva días afirmando que los casos de Santos Cerdán y Zapatero son un ejemplo de lawfare y que tanto uno como el otro están pagando un precio por la venganza del «deep state» por los acuerdos que ambos han ayudado a fraguar entre el PSOE y el independentismo catalán.

Su relato no es nuevo; al igual que bramaron que no había delito alguno en todo el procés y que la actuación judicial respondía a una persecución político-judicial al independentismo, ahora con Cerdán y, en especial con su aliado VIP, Zapatero, usan el mismo argumento... y una parte, no menor, de la sociedad catalana les cree.