El exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena, en el Parlament
Tribunales
El exconsejero de Interior de Pere Aragonès, citado como investigado por una adjudicación a dedo en Tarragona
Se les imputa junto con el exlíder de ICV Joan Herrera un presunto delito de prevaricación por una adjudicación del Ayuntamiento de Altafulla
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado el próximo 22 de junio como investigados al exconsejero de Interior y actual diputado de ERC Joan Ignasi Elena y al excoordinador de ICV Joan Herrera por la supuesta adjudicación a dedo a su consultoría de contratos del Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona).
En una providencia, la sala civil y penal del alto tribunal catalán ha citado el próximo lunes a Elena y Herrera, ambos imputados por un delito de prevaricación por estas adjudicaciones, por las que el Supremo también investiga al exalcalde de Altafulla y actual diputado en el Congreso de Sumar En Comú Podem por Tarragona, Fèlix Alonso, aforado ante este órgano.
Alonso compareció como investigado ante el Supremo el pasado lunes, 15 de junio, y aseguró que las contrataciones que efectuó cuando era alcalde de Altafulla -entre 2011 y 2019- y que están bajo sospecha «respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica» y no a «consideraciones de naturaleza política o partidista».
El TSJC acordó investigar a Elena y Herrera a raíz de una exposición razonada que un juzgado de El Vendrell (Tarragona) elevó ante los indicios de que el Ayuntamiento de Altafulla adjudicó contratos troceados, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, a una empresa cuyos directivos «mantienen una vinculación política estrecha con el partido del alcalde».
Más de 30.000 euros
Los contratos investigados, que suman más de 30.000 euros, se adjudicaron entre los años 2017 y 2019. En esa etapa, Herrera llevaba años apartado de la política y Elena, que fue consejero de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, tras haber abandonado el PSC debido a discrepancias por el procés.
El tribunal considera que los investigados utilizaron de forma «supuestamente fraudulenta la figura del llamado contrato menor» que permite adjudicaciones sin concurso público, e infringieron «intencionadamente» los requisitos sobre contratación pública que impone la ley.
Joan Herrera, en una imagen de archivo 22/6/2015
En concreto, según el TSJC, los investigados se concertaron supuestamente «en su propio interés» para conseguir la prórroga de una adjudicación de asesoramiento jurídico externo mediante la figura del contrato menor, que permite la asignación directa a cualquier empresario al no superar los 18.000 euros durante un máximo de un año.
Ese servicio de asesoramiento lo prestó hasta 2017 la firma Milà Advocats y, posteriormente, pasó a manos de Sinergia EDM, de la que son socios y administradores solidarios Elena y Joan Herrera.
Sinergia EDM facturó los servicios de asesoramiento de forma mensual por un importe de 1.300 euros, según el TSJC, pero fuera de contrato se emitieron otras nueve facturas que incluían conceptos similares y que, excepto en dos casos, habían sido pagadas en 2019.
La suma de las 22 facturas ascendió a 25.046,67 euros más 5.259,80 euros de IVA, lo que superaba el precio del contrato menor, que era de 15.600 euros más 3.276 euros de IVA, añade el auto.
Según el TSJC, la interventora municipal advirtió en un informe de fiscalización de 2017 que en esas facturas no se habían respetado «los principios de publicidad y concurrencia de la contratación pública por corresponder a servicios o suministros que se repiten a lo largo de los años con el mismo proveedor».
El tribunal también pone el foco en la adjudicación, en junio de 2017, de un contrato menor que el Ayuntamiento de Altafulla adjudicó a Sinergia EDM, que cobró 5.000 euros por este encargo, para que redactara los pliegos para la planificación, coordinación y programación del Casal Municipal de La Violeta.
