Mohamed Said Badaoui, el «salafista» de Reus durante una comparecencia en el Parlament
Cataluña
El gobierno de Illa condecora a un líder salafista expulsado de España por ser «extremadamente peligroso»
Vox exige explicaciones al Govern y ha presentado una batería de preguntas en el Parlament
La decisión del Departamento de Interior de la Generalitat de reconocer públicamente a Mohamed Said Badaoui, expulsado de España tras ser considerado por la Audiencia Nacional una amenaza para la seguridad pública, ha desatado una fuerte polémica y ha abierto un nuevo frente para el Govern de Salvador Illa.
La controversia ha estallado después de que el propio Badaoui haya difundido en redes sociales una fotografía en la que se ve una placa de los Mossos de Esquadra en la que se le agradece el reconocimiento por la labor desarrollada durante los años que residió en Cataluña y por su trabajo de mediación entre la comunidad musulmana y las instituciones catalanas. La inscripción de la placa alude expresamente a su «lucha por los derechos humanos» y a su papel de interlocución con la comunidad musulmana.
Y él acompaña el texto con un mensaje en el que se congratula por haber recibido ese reconocimiento «a la labor desarrollada durante los años que residí en Cataluña, así como a mi compromiso con la convivencia y el fortalecimiento de la comunicación entre la comunidad musulmana y las instituciones».
La imagen ha provocado una oleada de críticas debido al historial de Badaoui. En mayo de 2025, la Audiencia Nacional confirmó la decisión del Ministerio del Interior de expulsarlo de España y prohibirle la entrada durante diez años al considerar acreditada una «amenaza real, actual y suficientemente grave para la seguridad pública». La resolución judicial respaldó los informes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que le atribuían la difusión de postulados salafistas radicales, labores de adoctrinamiento y vínculos con entornos extremistas.
Pese a ello, el independentismo convirtió durante años a Badaoui en un símbolo de lo que calificó como «represión política» e «islamofobia» por parte del Estado. ERC, Junts, la CUP y los Comunes le respaldaron públicamente cuando se inició el procedimiento de expulsión, e incluso el Parlament aprobó una declaración institucional de apoyo.
Vox exige explicaciones
Ahora, la decisión de un departamento dirigido por el Govern socialista de Salvador Illa de distinguir a Badaoui ha reabierto el debate. Desde Vox consideran que el reconocimiento constituye un hecho de extrema gravedad y han anunciado una ofensiva parlamentaria para esclarecer quién ha autorizado la condecoración y bajo qué criterios se ha concedido.
El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha calificado la distinción de «escándalo» y ha reclamado responsabilidades políticas inmediatas. Según ha denunciado, premiar a una persona expulsada de España por razones de seguridad nacional supone «una humillación para nuestras policías, un insulto a la inteligencia de los catalanes y un insulto a las víctimas».
El grupo parlamentario ha registrado una batería de diecisiete preguntas dirigidas al Govern. Entre otras cuestiones, exige conocer qué órgano de Interior aprobó el reconocimiento, si existió un expediente administrativo, cuáles fueron los méritos valorados, si se tuvo en cuenta la sentencia de la Audiencia Nacional y si se emplearon fondos públicos para la elaboración y entrega de la placa.
Asimismo, Vox quiere saber si la Generalitat mantiene actualmente relaciones institucionales con Badaoui, si ha participado en actividades financiadas por la Administración autonómica desde su expulsión y si el ejecutivo catalán considera compatible distinguir institucionalmente a una persona apartada del territorio nacional por motivos vinculados a la seguridad.
La formación también ha solicitado la comparecencia de la consejera de Interior, Núria Parlon, para que explique personalmente una decisión que consideran incomprensible. En la misma línea se ha pronunciado la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que ha denunciado públicamente el reconocimiento y lo ha definido como una «vergüenza».
La polémica coloca ahora al Govern ante la obligación de aclarar quién tomó la decisión y por qué se consideró oportuno homenajear a una figura cuya expulsión fue avalada por la Audiencia Nacional precisamente por los riesgos que, según los informes policiales y la resolución judicial, representaba para la seguridad pública.
