La OCDE sitúa la desigualdad y la caída del rendimiento entre los grandes retos de la educación catalana

La educación catalana tiene fortalezas, pero también arrastra problemas estructurales que lastran los resultados del alumnado y dificultan la igualdad de oportunidades. Esa es la principal conclusión del informe Improving Learning Outcomes in Catalonia, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tras un año y medio de trabajo junto al Departamento de Educación de la Generalitat y que se ha presentado este lunes en Barcelona.

El documento, el primero de un proyecto de colaboración que se prolongará hasta 2028, dibuja un sistema que ha visto empeorar sus resultados académicos durante la última década y en el que las desigualdades socioeconómicas siguen teniendo un peso determinante.

Frente a ese escenario, el organismo internacional plantea una hoja de ruta basada en seis grandes prioridades: reforzar el liderazgo de las direcciones escolares, transformar la carrera docente, mejorar la evaluación del sistema, utilizar mejor la evidencia para diseñar las políticas educativas, adaptar la financiación a la complejidad de cada centro y garantizar que la educación inclusiva llegue de forma efectiva a todas las aulas.

Durante la presentación del informe, el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, ha defendido que el diagnóstico supone un punto de partida para las reformas que pretende impulsar el Govern. «Si algo no le falta al sistema educativo catalán son diagnósticos», ha afirmado, antes de asegurar que ha llegado el momento de traducir ese conocimiento en actuaciones concretas.

Según ha explicado, el acuerdo con la OCDE contempla una primera fase de análisis durante 2025, la implementación de medidas a partir de 2026, su consolidación en los años siguientes y una evaluación final del proceso.

El informe llega después de varios años marcados por el empeoramiento de los resultados en las pruebas internacionales, especialmente PISA, PIRLS y TIMSS, que situaron a Cataluña en posiciones inéditamente bajas y abrieron un intenso debate sobre el estado del sistema educativo.

Precisamente sobre esa evolución ha incidido el jefe de la División de Asesoramiento sobre Políticas Públicas e Implementación de la OCDE, Paulo Santiago. Según ha precisado, entre 2012 y 2022 el rendimiento del alumnado catalán ha descendido a un ritmo superior tanto al registrado por el conjunto de España como por la media de los países de la organización, una tendencia que, a juicio de la OCDE, obliga a introducir cambios de fondo y no únicamente medidas puntuales.

Desigualdades socioeconómicas

Uno de los principales problemas señalados por el informe son las desigualdades socioeconómicas, que continúan condicionando el rendimiento escolar y las oportunidades educativas. La organización considera que Cataluña ha construido un marco legal sólido para avanzar hacia una educación más inclusiva y reconoce iniciativas como el Pacto contra la Segregación Escolar, pero advierte de que la aplicación práctica de estas políticas es desigual y depende en gran medida de los recursos disponibles y de la capacidad de cada centro.

La analista de la OCDE y responsable del proyecto, Diana Toledo, ha destacado durante la presentación el compromiso que han encontrado entre docentes y familias para avanzar hacia modelos más inclusivos, aunque ha alertado de que el incremento de la diversidad del alumnado y las barreras lingüísticas hacen necesario reforzar los mecanismos de apoyo y acompañamiento.

En este contexto, la organización recomienda aumentar la atención psicológica y emocional en las escuelas, mejorar la detección temprana de las necesidades educativas, reforzar la actuación de la Inspección de Educación y seguir combatiendo la segregación escolar mediante políticas que garanticen una distribución más equilibrada del alumnado vulnerable.

Uno de los aspectos sobre los que la OCDE pone mayor énfasis es la financiación. El organismo considera que Cataluña todavía carece de un sistema suficientemente transparente que vincule la asignación de recursos con las necesidades reales de cada centro. Por ello, propone establecer criterios objetivos para clasificar la complejidad de las escuelas y distribuir tanto el personal como la financiación en función de esa realidad.

Dudas sobre la eficacia de la reducción de ratios

En esa misma línea, Paulo Santiago ha cuestionado la eficacia de algunas de las medidas más habituales en el debate educativo, como la reducción generalizada de las ratios. Ha recordado que disminuir el número de alumnos por aula supone un importante esfuerzo económico y que la evidencia internacional muestra que sus efectos sobre el aprendizaje suelen ser limitados cuando se aplica de forma indiscriminada.

En su opinión, esos recursos podrían destinarse, en determinados casos, a mejorar las condiciones salariales del profesorado para atraer perfiles con mayor cualificación o a concentrar la reducción de ratios en los centros con mayor complejidad.

El informe también dedica un amplio apartado al profesorado. La OCDE reconoce la implicación de los docentes, pero sostiene que la profesión necesita una modernización profunda. Entre sus propuestas figura definir estándares profesionales comunes, reforzar la formación inicial para acercarla más a la realidad de las aulas, consolidar un sistema permanente de formación continua y diseñar una carrera profesional que incentive la especialización, el liderazgo pedagógico y la permanencia en los centros más complejos.

Otro de los cambios que plantea afecta a las direcciones escolares. El organismo considera que los equipos directivos deberían disponer de una mayor capacidad para configurar plantillas estables y seleccionar perfiles adaptados a las necesidades específicas de cada escuela, además de liberarse de buena parte de la carga burocrática que actualmente limita su capacidad de liderazgo educativo.

La evaluación constituye el cuarto gran eje de la reforma propuesta. La OCDE considera que el sistema catalán genera una gran cantidad de información sobre el funcionamiento de los centros y el rendimiento del alumnado, pero lamenta que esos datos apenas se utilicen para orientar las decisiones políticas o introducir mejoras en la práctica docente. Por ello apuesta por consolidar una Agencia de Evaluación con independencia técnica y capacidad para convertir la evidencia en políticas públicas.

El informe también reclama mejorar la coordinación entre administraciones, reforzar la planificación de la Formación Profesional y vincular las decisiones presupuestarias a objetivos estratégicos claramente definidos.

El estudio presentado este lunes supone el primer paso de una colaboración valorada en 1,5 millones de euros entre la Generalitat y la OCDE. En los próximos años, ambas instituciones deberán trasladar las recomendaciones al funcionamiento cotidiano de las escuelas y evaluar su impacto. El organismo internacional lanza, no obstante, un mensaje de prudencia: no existen soluciones inmediatas para revertir un deterioro que se ha gestado durante años y cuya recuperación exigirá continuidad, estabilidad y una aplicación sostenida de las reformas.