Pleno del Parlament del 8 de julio
Cataluña
PSC, Junts, ERC, Comunes y la CUP impulsan una reforma del Reglamento del Parlament para blindar las sanciones a los diputados
La modificación llega tras la polémica por los expedientes a Sílvia Orriols y Joan Garriga e incorpora el Código de Conducta al reglamento de la Cámara
Los grupos parlamentarios del PSC-Units, Junts, ERC, Comunes y la CUP han registrado una propuesta para reformar el Reglamento del Parlament con el objetivo de incorporar el Código de Conducta de los diputados y reforzar el régimen sancionador por comportamientos considerados discriminatorios, ofensivos o de incitación al odio. La iniciativa llega apenas un día después de que la Mesa amonestara públicamente a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, por vulnerar dicho código.
La reforma pretende dar mayor seguridad jurídica a las sanciones y evitar que puedan ser cuestionadas ante los tribunales al integrar el Código de Conducta, aprobado en 2016, dentro del propio Reglamento del Parlament. Además, define con mayor precisión el procedimiento para tramitar los expedientes y distribuye las funciones entre la Mesa y la Comisión del Estatuto de los Diputados.
El texto establece una graduación de las infracciones en leves, graves y muy graves. Las primeras conllevarán una amonestación pública; las graves podrán castigarse con una multa de entre 600 y 6.000 euros, además de la amonestación; mientras que las muy graves podrán acarrear sanciones de entre 6.001 y 12.000 euros y, en su caso, la prohibición de formar parte de delegaciones institucionales del Parlament durante un máximo de un año.
La propuesta también modifica el procedimiento disciplinario durante los plenos. A partir de ahora, un diputado que reciba una tercera llamada al orden podrá ser expulsado de la sesión y su caso remitido a la Mesa para que la Comisión del Estatuto de los Diputados determine si procede abrir un expediente sancionador.
Asimismo, la Comisión será la encargada de elaborar un informe sobre cada caso, analizando aspectos como el contexto en el que se produjeron los hechos, la intencionalidad del parlamentario y el carácter ofensivo del lenguaje utilizado. Ese dictamen será posteriormente elevado a la Mesa, que adoptará la resolución definitiva, aunque el diputado afectado podrá solicitar su reconsideración.
Los grupos promotores defienden que la modificación dota al Parlament de herramientas normativas para actuar frente a manifestaciones discriminatorias o de odio y armoniza el Código de Conducta con el resto del Reglamento de la Cámara.
La reforma necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Parlament para salir adelante. Dado que cuenta con el apoyo de los cinco grupos que la han impulsado, su aprobación está, en principio, garantizada.
