Illa mantiene su confianza en Niubó tras el fiasco de PISA y promete decisiones cuando concluya la investigación

La crisis de las pruebas PISA ha marcado este viernes el balance de los dos primeros años de mandato de Salvador Illa al frente de la Generalitat. Días después de conocerse que los resultados de los alumnos catalanes en la evaluación internacional de la OCDE han quedado invalidados por las irregularidades detectadas en la selección de la muestra, el presidente del gobierno catalán ha admitido que «las cosas no han ido bien», aunque ha cerrado filas con la consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, y ha garantizado que el Govern llegará «hasta el final» para depurar posibles responsabilidades.

«Le he pedido a la consejera que llegue hasta el fondo. Hay una investigación abierta y, cuando sepamos toda la información, tomaremos las decisiones que debamos tomar», ha asegurado Illa durante la rueda de prensa de balance del curso político. Pese a las peticiones de dimisión formuladas por buena parte de la oposición, el presidente ha reiterado que mantiene «toda la confianza» en Niubó y ha afirmado sentirse «satisfecho» con el trabajo de todos los miembros de su ejecutivo.

«Cuando hay un problema, lo que pido a los consejeros es que lo resuelvan, no que bajen la cabeza», ha defendido Illa, quien ha explicado que fue la propia titular de Educación quien le informó de las incidencias detectadas y que, desde entonces, le ha mantenido al corriente de la investigación interna.

La polémica se ha desatado después de que el Departamento de Educación reconociera que más del 23% de los alumnos seleccionados para participar en las pruebas PISA fueron excluidos por necesidades educativas o dificultades de aprendizaje, cuando la OCDE fija un máximo del 5%. Esta circunstancia invalida los resultados de Cataluña e impide compararlos con los obtenidos en la edición anterior, en la que el sistema educativo catalán registró un desplome histórico de entre 30 y 40 puntos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias.

Además, el caso ha generado críticas por la gestión de la información. El departamento conocía la incidencia desde marzo de este año, pero no la hizo pública hasta la pasada semana, cuando los centros educativos ya estaban de vacaciones. Illa ha justificado esa demora asegurando que la consejería estaba tratando de esclarecer lo ocurrido antes de comunicarlo.

Pese a la crisis, el presidente de la Generalitat ha insistido en que no permitirá que este episodio «desprestigie» el sistema educativo catalán. A su juicio, la prioridad sigue siendo recuperar la excelencia educativa y abrir un debate sobre cuestiones como la educación inclusiva, la autonomía de los centros, el modelo de acogida o la autoridad del profesorado.

En relación con la huelga convocada por los principales sindicatos para el inicio del próximo curso, ha defendido los acuerdos alcanzados con parte de la representación sindical y ha asegurado que las mejoras planteadas para los docentes no tienen precedentes en las dos últimas décadas, aunque ha reiterado su respeto tanto al derecho de huelga como al derecho a la educación.

Financiación

Durante su comparecencia, Illa también ha situado el próximo 4 de septiembre como una fecha decisiva para el futuro del nuevo modelo de financiación autonómica. El presidente ha afirmado que con la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera «se acaban las excusas» y ha reclamado a todas las fuerzas políticas, especialmente a las catalanas, que antepongan «los intereses del país» a los partidistas.

«Todo el mundo quedará explícitamente definido por la posición que tome», ha afirmado Salvador Illa, quien también ha dejado claro que "a llegado la hora de la verdad. No valen subterfugios ni cálculos de corta duración”.

Preguntado por las negociaciones para que la Agencia Tributaria de Cataluña asuma la gestión del IRPF recaudado en la comunidad, el presidente de la Generalitat ha explicado que esa cuestión continúa sobre la mesa, aunque ha subrayado que la prioridad inmediata es sacar adelante el nuevo modelo de financiación.

A su juicio, la propuesta beneficia al conjunto del sistema autonómico y reduce las diferencias de financiación entre comunidades. Por ello, ha retado a sus detractores a explicar los motivos de su rechazo. Illa ha criticado, por un lado, a quienes sostienen que existe un modelo mejor pese a que «cuando gobernaban España no lo hicieron» y, por otro, a quienes cuestionan la propuesta únicamente por haber sido impulsada desde Cataluña.