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Tribunales

La jueza que suspendió la eutanasia de una joven de Barcelona cita a declarar a varios expertos para evaluar su estado

El padre de la joven aportó un vídeo para intentar demostrar que su hija puede caminar con ayuda de muletas y que puede mejorar de su lesión. Creen que su aceptación de la eutanasia pudo estar «viciado»

La titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona que suspendió la eutanasia de una joven de 24 años al no apreciar «un padecimiento grave, crónico e imposibilitante», pese a que había recibido todos los avales médicos, la ha citado a declarar el próximo 4 de marzo, a petición de la Fiscalía.

En un auto, adelantado por la Cadena SER, la jueza admite la prueba documental solicitada por el Ministerio Fiscal y pide al Instituto Médico Forense que designe a un médico especialista en psiquiatría para que determine si el consentimiento prestado por la joven «lo fue de forma libre, sin injerencia, o influenciado por su propia patología mental».

Además, pide que el forense analice si el padecimiento que sufre la joven puede calificarse como «grave, crónico, constante e imposibilitante» y si existe posibilidad de una mejora con un tratamiento adecuado.

También cita a declarar a una doctora experta en neuropsicología clínica, a la doctora especializada en lesiones medulares del Instituto Guttmann de Barcelona que trató a la joven, a una psiquiatra del Hospital Vall d'Hebron y a los médicos que valoraron y aceptaron la petición de la eutanasia.

Consentimiento «viciado»

La joven solicitó la eutanasia tras un intento de autolisis en octubre de 2022 que le provocó una lesión medular que afecta a su movilidad. Estaba previsto que la joven recibiera la eutanasia el 2 de agosto de 2024, pero su padre, representado legalmente por Abogados Cristianos, pidió a la jueza que decretara medidas cautelares y paralizara el proceso.

El padre aportó un vídeo para intentar demostrar que su hija puede caminar con ayuda de muletas y que puede mejorar de su lesión. También manifestó, en palabras de su abogado, José María Fernández, que «su consentimiento estaba viciado» por los problemas de salud mental que padece.

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