Los propietarios de vivienda plantan cara al gobierno de Illa: «Han colapsado el sistema sin darnos voz»

Los propietarios inmobiliarios de Cataluña ya tienen su propio lobby: Som Habitatge, que busca dar la réplica a actores como el Sindicato de Inquilinas y que se ha presentado este jueves en el Ateneo Barcelonés. Lo han hecho ante un nutrido público en el que se sentaban representantes del PSC, Junts, Vox y el PP, así como de representantes del Cercle d’Economia u otras entidades afines al empresariado.

«En Cataluña invertir en vivienda se ha convertido en una temeridad», ha asegurado Núria Garrido, presidenta de Som Habitatge, que ha lamentado que se ha «estigmatizado y deshumanizado» a los propietarios: «Nos acusan de ser gente sin alma». Garrido ha criticado «la persecución, la desconfianza y la inseguridad jurídica».

La cara visible de la nueva entidad ha lamentado que Cataluña se haya convertido en un «laboratorio» de malas ideas en relación a la vivienda –de las zonas tensionadas a los límites al alquiler de temporada o la rebaja del concepto de gran tenedor a cinco viviendas–, que han provocado «un colapso y un agravio comparativo con el resto del Estado». Un colapso, además, que se ha llevado a cabo «de forma unilateral» y sin «dar voz» a los propietarios, ha dicho.

«No hay equilibrio ni diálogo, sólo imposición», ha insistido, reclamando «respeto, diálogo y lealtad» a los políticos. «No venimos a pedir favores, sino a defender nuestros derechos: no se puede construir una política pública desde el enfrentamiento», ha concluido.

«Inestabilidad absoluta»

«Habíamos pensado en llamarnos Sindicato de Propietarios», ha ironizado el director jurídico del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, Carles Sala, que ha realizado una panorámica del paisaje legislativo catalán en relación a la vivienda, marcado –ha dicho– por la «hiperactividad y la inestabilidad absoluta», con doce normas con rango de ley en seis años.

«De estas tres no están convalidadas, cinco son total o parcialmente inconstitucionales y una tiene deficiencias técnicas», ha señalado, criticando las «infracciones realmente desproporcionadas» que prevén las últimas normas aprobadas por la Generalitat y el «castigo» a los propietarios. Sin embargo, ha insistido, «los propietarios no forman parte del problema, sino de la solución».

Esto es así, señala, porque la administración no está atendiendo a la «sobredemanda» de vivienda. «Los propietarios pueden proveer vivienda a la ciudadanía en el corto y medio plazo; la administración, no», ha señalado, llamando a fomentar la colaboración público-privada y a impulsar «menos normas coercitivas, más seguridad jurídica, más presupuestos, más confianza en los propietarios y más diálogo con el sector».

La propiedad privada

Por su parte, el catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda, Sergio Nasarre, ha realizado una encendida defensa filosófica de la propiedad privada, una «institución milenaria». Lo ha hecho desde el distributismo chestertoniano –defendiendo «que el pasto es verde», ha recordado–, y con una perspectiva histórica en la que se ha remontado al Génesis.

«Es un poco triste ver que la ciencia y la academia van por un lado y la política, por otro», ha dicho, celebrando la creación de Som Habitatge. «Era muy importante que los propietarios salierais a decir que ya estáis haciendo la función social, trabajando para que las personas tengan una vivienda digna», ha dicho, lamentando el afán totalizante del Estado en contra de la propiedad privada.

«¿Qué sucede cuando no dejas que la gente sea propietaria de su casa? Que alguien lo es por él, sea Blackstone o el alcalde de Barcelona», ha dicho, asegurando con datos europeos que «cuanto más distribuida está la propiedad privada, mejor, porque entonces se reduce la desigualdad».

Superar el frentismo

El socialista Joan Ramon Riera, comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, ha llamado a superar «el frentismo» y la confrontación entre inquilinos y propietarios. También ha llamado a que la administración sea coherente y «diga lo mismo en un auditorio del Sindicato de Inquilinas que de Som Habitatge».

Riera ha considerado necesario «extender los derechos, también el de la propiedad privada». Ha querido escabullirse de las acusaciones de Garriga de haberles criminalizado –«pongamos sujeto, ¿quién lo ha hecho?», se ha preguntado, levantando risas y abucheos entre el auditorio– y ha tendido la mano a los propietarios: «Mañana construimos».

Por su parte, Lidia Guillén, secretaria de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, ha dicho que la colaboración público privada es «imprescindible» para el ejecutivo liderado por Salvador Illa, recordando su plan de construir 50.000 viviendas públicas antes de 2030. «Nadie cuestiona el derecho a la propiedad, sino su uso», ha dicho.