«Ha sido muy duro ver que se ponen a robar desde el día uno»: así han recibido en Sant Feliu el caso Cerdán

Una de las obras que está en el punto de mira del informe de la UCO por el presunto cobro de comisiones en el marco del llamado caso Koldo es el soterramiento de las vías del tren en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Un proyecto largamente reivindicado por los vecinos y también por todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de este municipio. Por este motivo, la concejal del PP, Elisabet Ortega, reconoce que esta información ha causado estupor, pero también ha caído como un jarro de agua fría en la ciudad, por ser un proyecto compartido y largamente reivindicado.

Lo cierto es que fue el gobierno de Mariano Rajoy quien, en 2017, dio luz verde a ese proyecto. Dos años más tarde fue adjudicado a Acciona por 51,7 millones de euros y ampliado hasta los 62 millones en 2022. Y, ahora, la UCO ha puesto el foco en presuntas irregularidades en su licitación, y apunta a que también formó parte de un esquema de cobro de mordidas que habría generado hasta 620.000 euros en comisiones ilegales, con 450.000 euros aún pendientes de pago.

Es lo que se desprende de las grabaciones grabadas por Koldo García. En algunas de ellas se hacen referencia a pagos relacionados con la obra de Sant Feliu, entre otras. En concreto, en una charla de noviembre de 2020, Koldo expresa su frustración al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, porque Santos Cerdán, señalado como el gestor de los pagos, no habría abonado 350.000 euros correspondientes a las adjudicaciones de Sant Feliu y otra obra en Murcia.

Los agentes detallan también que el 30 de mayo de 2019, la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, informó a Koldo del resultado de la apertura de oferta económica para la licitación pública. Acciona había presentado la oferta más barata, pero se le adjudicó el trato en noviembre de ese año. Primero, como decíamos, por esos 51,7 millones a los que se añadieron diez más en 2022.

Según los agentes de la Guardia Civil, el hecho de que tuviera «puntuaciones técnicas muy altas» fue clave para compensar la propuesta económica menos competitiva. Y esta es una constante en otras obras que se recogen en el informe de la UCO.

Frustración

Lo cierto es que la obra, que busca eliminar el peligroso paso a nivel que dividía el municipio y reducir los accidentes mortales, se celebró en Sant Feliu de Llobregat como un hito de consenso político y ciudadano. Y así lo corrobora la concejal del PP, Elisabet Ortega, quien recuerda que «ha sido una obra que hemos reclamado todos los partidos políticos que hemos pasado por el consistorio de una manera unánime». Ha explicado que en 2007 parecía que se podría llevar a cabo el proyecto, «pero se paralizó todo por culpa de la crisis económica». Hasta que diez años más tarde se reactivó.

Por este motivo, deja claro que se trata de «una obra muy sufrida y conseguida por todos los ciudadanos. Hemos hecho manifestaciones conjuntas, hemos ido todos los partidos juntos, ya sea el PSOE, Comunes, en su día Iniciativa, a la delegación del Gobierno». Es más, ha dicho que «siempre hemos intentado ayudarnos, incluso entre los partidos municipales, a ver quién tenía el contacto más directo en esa época con la delegación del Gobierno o que estuviera más cerca del ámbito del Ministerio de Transportes y que tuvieran clara la necesidad del municipio para que se hiciera esa obra».

Por este motivo, Ortega reconoce la frustración que ha generado el informe de la UCO: «Es que ver que el día 1 que llega Sánchez a la Moncloa se pongan a robar en esta obra, que nos ha costado tantísimo conseguir, ha sido muy duro». La concejal popular también dice que los grupos municipales solo han sido «receptores» de la información, puesto que Adif se encargó «del cien por cien de la obra».

Sí es cierto que, en un primer momento, se puso encima de la mesa que la mitad corriera a cargo del Ministerio y la otra mitad se la repartieran entre la Generalitat y el Ayuntamiento. Pero llegó el proceso independentista, precisa Elisabet Ortega, y esta opción quedó aparcada.

Y sí, el proyecto se acabó encareciendo 10 millones de euros, pero en ningún momento sospechó que pudiera haber nada irregular detrás. «A ver, nosotros no teníamos acceso ni al proyecto, ni a las obras, ni a la oferta, ni nada. Si te dicen, oye, que ha subido 10 millones, puedes pensar que ha sido por el incremento del precio de los materiales, de los costes… no se le dio importancia a ese incremento, porque piensas que una obra pública de esa magnitud tiene que pasar por todos los filtros».

No llamó la atención ese incremento entonces, «pero a toro pasado», precisa, «es para poner el grito en el cielo». Y lo que ha molestado a Ortega es el silencio del gobierno municipal, en manos, desde 2023, de PSC y Junts. En este sentido, los partidos de la oposición han registrado una moción «para forzar» al consistorio a que, como mínimo, «pida transparencia, que pida los informes pertinentes y que, en caso de que se demuestre que Sant Feliu ha sido perjudicada de alguna manera, se persone como acusación».

Elisabet Ortega explicado que en ningún momento hubo comunicación por parte del gobierno municipal: «ni se nos ha llamado a una reunión, ni siquiera nos han enviado un mensaje por WhatsApp, que es tan sencillo como decir compañeros, ha pasado esto, pero no tenemos más información». Pero han demostrado que «son más de partido que de la ciudad», lamenta la concejal del PP.

Lo cierto es que el Ayuntamiento se ha desvinculado de las acusaciones, subrayando que la obra está financiada al 100 % por Adif y que no hay indicios de mala praxis municipal. «Es una lástima que el nombre de Sant Feliu se vea salpicado por este escándalo», han asegurado fuentes municipales, defendiendo el consenso histórico detrás del soterramiento.