Barcelona ya despliega la Zona Bus 4.0
Cataluña
Barcelona aumenta la presión a los autobuses turísticos para descongestionar las zonas más visitadas
Entre las principales críticas, Chavarría denuncia la rigidez del sistema de reservas
Barcelona ha activado este lunes la denominada Zona Bus 4.0, el nuevo modelo municipal para regular el estacionamiento y las paradas de los autocares turísticos en los puntos de mayor afluencia de la ciudad. El sistema, que el Ayuntamiento defiende como una herramienta para mejorar la movilidad y reducir el impacto turístico, supone un encarecimiento significativo para el sector, que pasará de pagar 20 euros diarios a 38 euros por operar en zonas consideradas tensionadas desde el punto de vista turístico.
La medida combina un permiso diario obligatorio de 35 euros con una reserva previa de tres euros por operación en enclaves como la Sagrada Familia, el Park Güell, la Pedrera, el Hospital de Sant Pau, Ciutat Vella, Drassanes, el Port Olímpic o la Fuente Mágica de Montjuïc. Las reservas deben gestionarse con un máximo de 30 días de antelación a través de la plataforma zonabus.cat.
Desde el Ayuntamiento aseguran que la Zona Bus 4.0 permitirá redistribuir los flujos de autocares, limitar el número de operaciones por hora en las paradas más sensibles y avanzar hacia una movilidad «más ordenada, eficiente y sostenible». Según datos municipales, desde la activación del sistema se han registrado más de 900 usuarios y se han tramitado más de 1.000 permisos.
Rechazo frontal del sector
El presidente de la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV), José María Chavarría, ha calificado la medida de «traba burocrática» para las empresas y ha advertido de que la subida es «totalmente inasumible», especialmente para las pequeñas y medianas compañías.
«Es un problema más que se nos añade a las empresas del sector. No es una buena noticia y ya trasladamos nuestro malestar al Ayuntamiento, incluso impugnando este modelo de gestión», ha explicado Chavarría, que recuerda que la federación está a la espera de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El presidente de la FECAV subraya además el peso del turismo en la economía catalana. «El 12 % del PIB de Cataluña depende del turismo. Estamos castigando una de las principales fuentes de ingresos del país», ha señalado, y también alertado de que el nuevo sistema no se adapta a la realidad operativa del sector.
Entre las principales críticas, Chavarría denuncia la rigidez del sistema de reservas, que no permite reaccionar ante decisiones de última hora de los turistas, como ocurre con los cruceristas, y la falta de coordinación entre administraciones, ya que las entradas a museos pueden comprarse con meses de antelación, mientras que el permiso municipal solo se puede gestionar 30 días antes.
También cuestiona los tiempos previstos para carga y descarga de pasajeros, fijados en 12 minutos. «Es claramente insuficiente, sobre todo para personas con movilidad reducida, que necesitan al menos un cuarto de hora», ha afirmado. A ello se suma que muchas paradas están alejadas de los puntos de interés, lo que, según la federación, provocará más caminatas, más saturación en las calles y menos eficiencia.
Frente al argumento municipal de sostenibilidad, la FECAV sostiene que el efecto será el contrario. «Un autobús saca entre 20 y 25 coches de la carretera. Si se penaliza al autocar, se fomentará el vehículo privado o el uso masivo del metro», ha advertido Chavarría, alertando de un posible colapso del transporte público y de un aumento de la turismofobia.
Alternativas ignoradas
El sector lamenta que, pese a las múltiples reuniones mantenidas con el Ayuntamiento, su opinión no haya sido tenida en cuenta. «Dicen que sí, pero la realidad es que esto se ha puesto en marcha y pagaremos 38 euros al día», ha resumido el presidente de la FECAV.
Como alternativa, reclama más carriles bus y estaciones específicas para autocares, incluso soterradas, como ocurre en otras ciudades europeas o en Madrid, y una apuesta clara por el transporte colectivo frente a nuevas tasas que considera meramente recaudatorias.