Barcelona prevé asumir las competencias para inspeccionar a los comercios que no rotulen en catalán

El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el socialista Jaume Collboni, trabaja para que sean los servicios municipales quienes inspeccionen directamente a los comercios que no rotulen ni atiendan en catalán, mientras la Agencia Catalana de Consumo mantendría la potestad de imponer las sanciones, en una operación que responde a las exigencias de ERC y refuerza la presión sobre el uso del castellano en la capital catalana, según ha detallado la comisionada del Catalán, Marta Salicrú, en una entrevista en El Món.

ERC aprieta a Collboni por la vía lingüística

Pese a la imagen de confrontación pública, ERC se ha consolidado como socio de hecho del gobierno de Collboni, apoyando las cuentas municipales y las principales ordenanzas fiscales de este mandato. La crisis interna en las filas republicanas en Barcelona, con dimisiones de su sector crítico, obliga al partido a marcar un perfil nacionalista más duro y a exigir nuevas concesiones en materia lingüística para preservar su credencial secesionista.

Tras las críticas por su silencio ante supuestos casos de «catalanofobia», Salicrú anunció en septiembre la revisión de los protocolos de inspección para garantizar el cumplimiento de la normativa lingüística en las tiendas. Esta semana, en El Món, precisó que la normativa lingüística «no forma parte de los protocolos de inspecciones municipales habituales» y que, en el caso de Barcelona, trabaja para que «el consistorio haga las inspecciones», integrando así el control lingüístico en la actividad inspectora ordinaria.

Hasta ahora, la Agencia Catalana de Consumo concentraba tanto la inspección como las sanciones, y en 2024 llegó a duplicar las multas por motivos lingüísticos en comercios, de 1.022 a 2.269 expedientes en un solo año. El nuevo esquema prevé que el Ayuntamiento de Barcelona detecte los incumplimientos durante sus inspecciones y que la ACC se limite a instruir los expedientes y a imponer las sanciones, un cambio que implica, en palabras de Salicrú, modificaciones de «protocolos y procedimientos» y un trabajo político para lograr adhesiones internas.

El consistorio prepara además la creación de una Oficina del Catalán con un equipo técnico encargado de coordinar las acciones en defensa de la lengua en los distintos ámbitos municipales. Entre sus medidas estrella figura un buzón virtual para que los ciudadanos denuncien posibles «vulneraciones» de derechos lingüísticos, con los comercios como objetivo prioritario, y la constitución de un Consejo de la Lengua de Barcelona formado por expertos del ámbito académico y del activismo, en una ciudad donde el castellano continúa siendo la lengua mayoritaria entre los residentes.