Las Tres Chimeneas de Sant Adrià del Besós, en una imagen de archivo

Las Tres Chimeneas de Sant Adrià del Besós, en una imagen de archivoEuropa Press

Sant Adrià (Barcelona) empadrona a más de 200 personas en el ayuntamiento: «Un piso patera institucional»

El grupo municipal de VOX denuncia que el Ayuntamiento usa su sede como domicilio ficticio de 207 empadronados y reclama transparencia, control del padrón y un giro en la política migratoria

El grupo municipal de VOX en Sant Adrià de Besòs ha destapado que 207 personas figuran empadronadas en la dirección del propio Ayuntamiento, 148 de ellas extranjeras, y ha denunciado que el consistorio se ha convertido en un «piso patera institucional». La formación exige explicaciones al gobierno municipal y reclama un cambio drástico en la gestión del padrón, al considerar que se está utilizando la sede consistorial para dar cobertura a la inmigración ilegal mientras muchas familias del municipio no pueden afrontar el pago del alquiler.

La polémica arranca a raíz de una solicitud formal registrada por el grupo municipal de VOX, en la que pedía conocer cuántas personas estaban empadronadas en el edificio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs. En su respuesta oficial, el Servicio Municipal de Padrón de Habitantes detalla que, a 31 de diciembre de 2025, constan empadronadas en esa dirección un total de 207 personas.

El informe municipal precisa el desglose: 59 vecinos de nacionalidad española y 148 vecinos de nacionalidad extranjera. Es decir, aproximadamente el 72 % de las personas empadronadas en la sede del consistorio son ciudadanos extranjeros. Estos datos, contenidos en la comunicación remitida al grupo municipal, han llevado a VOX a hablar de un uso «absolutamente irregular» de la dirección institucional del Ayuntamiento como domicilio de empadronamiento.

Tras conocer la respuesta, el portavoz de VOX en Sant Adrià, Toni Balboa, ha denunciado que «el Ayuntamiento de Sant Adrià se ha convertido en un piso patera institucional» y ha calificado de «vergüenza» que 207 personas «vivan oficialmente» en el edificio consistorial. Para Balboa, «tener a 148 extranjeros empadronados en la sede municipal es una estafa a los vecinos y una alfombra roja a la inmigración ilegal».

El concejal reprocha al gobierno local, encabezado por el PSC y sus socios, que mientras «los adrianenses no pueden pagar el alquiler, el Ayuntamiento se utiliza para dar cobertura a quienes entran sin permiso». En su mensaje político, VOX contrapone esta situación al concepto de «Prioridad Nacional» y reclama que los recursos municipales se orienten primero a los españoles del municipio.

A partir de estos hechos, VOX reclama que se revisen los criterios de empadronamiento y que se ponga fin a la utilización de la sede institucional como dirección de vecinos que no residen realmente en el edificio. Balboa sostiene que «no queremos más fotos de políticos progres; lo que Sant Adrià necesita son menos papeles y más deportaciones» y denuncia el «buenismo» que, a su juicio, ha permitido llegar a esta situación.

«Basta de buenismo y de fraude. El que entra ilegalmente no merece un hueco en el padrón, merece un billete de vuelta a su país», afirma el portavoz, que vincula el empadronamiento masivo en el Ayuntamiento con un efecto llamada para la inmigración ilegal y con la sobrecarga de los servicios públicos municipales.

Un padrón bajo sospecha y la presión sobre los barrios

VOX considera «una vergüenza que en el propio edificio se tengan personas empadronadas y es un insulto que el 72 % de los empadronados en el Ayuntamiento sean extranjeros». La formación asegura, además, que muchos de estos empadronados son «los mismos que están acampados en distintos barrios de Sant Adrià de Besòs», en referencia a los asentamientos y campamentos improvisados que se han ido extendiendo en la ciudad.

La revelación de estas cifras abre un nuevo frente en el debate sobre el padrón municipal y la gestión de la inmigración en el área metropolitana de Barcelona. A falta de que el gobierno local detalle públicamente los motivos y el encaje jurídico de estos empadronamientos, VOX reclama transparencia, control y un giro en las políticas municipales para evitar que la sede del Ayuntamiento se convierta, de facto, en un refugio administrativo para la inmigración ilegal mientras los vecinos del municipio afrontan cada vez mayores dificultades para llegar a fin de mes.

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