El alcalde de Gerona, Lluc Salellas (izq), junto a Amy Sabaly y Cristina Andreu.
Okupas
Baño de realidad: la CUP desahuciará en Gerona a unos okupas que usaban el piso para empadronar a terceros
«Nouama y sus hijas» estaba cometiendo «fraude flagrante», según el consistorio
La CUP se enfrenta a la CUP. O, mejor dicho, el Ayuntamiento de Gerona –gobernado por Lluc Salellas, de Guanyem, marca local de la ultraizquierda independentista– se enfrenta al Sindicato de Vivienda de Gerona, abanderado de los sectores más radicales del movimiento por la vivienda y pro-okupación.
El motivo es el desahucio de «la Nouama y sus hijas», como denunciaba esta entidad en un vídeo publicado en sus redes sociales esta semana. En la publicación, el sindicato denuncia al gobierno municipal por ejecutar «un desahucio con un proceso irregular» contra esta familia, atacando a los de Salellas por votar «con Vox», acusándoles de comportarse como «un fondo buitre».
Este ataque al gobierno municipal por parte de sus supuestos aliados no ha sentado nada bien en el seno de los cupaires por el baño de realidad que supone. No obstante, desde el Ayuntamiento no se han amilanado y han respondido a las acusaciones de frente «para evitar caer en un discurso populista».
«Fraude flagrante»
Lo ha hecho Amy Sabaly, regidora de Igualdad y Justicia Social en el consistorio gerundés, también en una publicación de X. En ella insisten en que para defender el derecho a la vivienda «necesitamos que todas las partes cumplan con las condiciones». Sabaly ha defendido la actuación municipal ante un caso de «fraude flagrante» en un alquiler social.
Según destaca, el piso fue adjudicado hace once años a una persona que cumplía con los requisitos de vulnerabilidad, a un precio de 200 euros mensuales «adaptado a sus ingresos». Hace siete años, la inquilina dejó de pagar, por lo que ha acumulado hasta la fecha «una deuda de 18.000 euros con el Ayuntamiento».
Sabaly también asegura que la persona ni siquiera reside ya en el piso, y que lo ha estado utilizando para empadronar a varias personas fraudulentamente. Además, ha generado conflictos con el resto de vecinos y vecinas. «Resumiendo, la persona que tenía asignada la vivienda no vive en el piso público que se le ha asignado, a pesar de tener ingresos no paga el alquiler social y ha hecho un uso fraudulento del padrón», zanja la regidora.
