El «desastre» de la DGT en Lérida evidencia la desatención de las instituciones estatales en Cataluña

Más de 85.000 personas esperan en Cataluña para examinarse del carné de conducir, pero el problema adquiere una dimensión especialmente crítica en Lérida. Allí, una combinación de bajas médicas y falta estructural de personal está tensionando al máximo el sistema y dejando al descubierto una realidad más amplia: la pérdida progresiva de capacidad del Estado en la comunidad.

Sobre el papel, la provincia no debería estar entre las más afectadas. La plantilla de examinadores de la DGT está dimensionada en función de la población. Sin embargo, la realidad es muy distinta: una parte significativa de estos profesionales no está operativa. En algunos momentos recientes, de una plantilla teórica de nueve examinadores, apenas dos estaban trabajando. Es la denuncia que hace el CSIF.

«El problema es estructural. Hay poco personal en general», explica Fernando Ojeda, examinador de tráfico en Lérida. A esta falta de efectivos se suma otro factor clave: la procedencia de los profesionales. La mayoría accede a estas plazas desde otras comunidades autónomas, ya que en Cataluña las oposiciones estatales resultan menos atractivas que las autonómicas o locales.

Esto genera una alta rotación y dificulta consolidar equipos estables. «Muchos venimos de fuera», señala Ojeda, lo que añade incertidumbre sobre la continuidad de las plantillas.

Pero incluso cuando las plazas están cubiertas, no siempre se traducen en más exámenes. Las bajas laborales, como ocurre actualmente en Lérida, reducen de forma inmediata la capacidad del sistema. Con un tercio de la plantilla fuera de servicio, el ritmo de pruebas cae de forma drástica.

A esta situación se suma la presión interna. Los examinadores trabajan con un límite fijado tras conflictos laborales: un máximo de 12 pruebas diarias por persona. Este tope, junto con la falta de personal, hace imposible absorber la demanda acumulada.

El impacto es directo para los ciudadanos. Un alumno que termina sus clases prácticas puede esperar entre tres y cuatro meses para examinarse. Este retraso no solo alarga el proceso, sino que encarece el acceso al permiso, ya que obliga a pagar más clases para no perder nivel. También tiene consecuencias laborales: muchos aspirantes no pueden acceder a empleos que requieren carné de conducir.

Más allá de la DGT

Pero lo que ocurre en Lérida con la Dirección General de Tráfico no es un caso aislado. Es el reflejo de un problema más amplio que afecta a distintos servicios del Estado en Cataluña, el SEPE o las oficinas de la Seguridad Social.

En todos ellos se repite el mismo patrón: plazas sin cubrir, dificultades para atraer personal y una falta creciente de efectivos. Cataluña resulta poco atractiva para muchos opositores estatales, que encuentran mejores condiciones salariales en la administración autonómica o local.

A medio plazo, la situación puede agravarse. En la próxima década, cerca del 60% de los empleados públicos del Estado en Cataluña se jubilarán. Sin relevo suficiente, el riesgo es evidente: servicios que pierden capacidad, oficinas que reducen horarios o incluso cierres.

De hecho, este escenario ya empieza a materializarse. En algunos municipios de la provincia de Gerona, como La Bisbal o Sant Feliu de Guíxols, las oficinas de la Seguridad Social funcionan de forma intermitente, con personal que rota entre distintas localidades. «A lo mejor en una ciudad se abre tres días y en otra dos», advierte el representante sindical del CSIF Rafael Sánchez.

La solución pasa por hacer más atractivas estas plazas. «O se equiparan los salarios con otras administraciones, o no habrá remedio», señala Sánchez. Sin incentivos suficientes, el opositor local seguirá optando por empleos mejor remunerados en la Generalitat o en los ayuntamientos.

Mientras tanto, en Lérida, el problema sigue creciendo. Lo que debería ser un trámite habitual, examinarse del carné de conducir, se ha convertido en un proceso largo, incierto y cada vez más costoso. Y, de fondo, una advertencia más amplia: el Estado pierde presencia y capacidad operativa en Cataluña.