Tarragona es la segunda ciudad de España con la tasa de residuos más cara

Tirar la basura nunca había costado tanto. La obligación de financiar íntegramente el servicio de recogida y tratamiento de residuos ha dibujado un nuevo mapa fiscal en España donde las diferencias son abismales: hay hogares que desembolsan menos de 60 euros al año y otros que superan los 280. En este escenario, el noreste peninsular concentra las tarifas más elevadas.

Valencia marca el techo nacional: casi 288 euros de media por vivienda. Pero justo detrás aparece Tarragona, rozando los 240 euros anuales. La lista de las más onerosas la completan Castellón (cerca de 194 euros), San Sebastián (207 euros) y Barcelona, que también figura entre las de mayor carga. En el lado opuesto, ciudades como Toledo, Palencia o León mantienen cuotas que apenas superan los 50 o 60 euros. Así lo reflejan los datos que maneja la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local, basados en información de la Fundación ENT.

Las cuentas no cuadran

Detrás de estas cifras se esconde un problema de calado: los municipios gastarán en 2025 unos 5.325 millones de euros en gestionar los residuos urbanos, pero solo recaudarán alrededor de 3.488 millones con la nueva tasa. La diferencia —casi 2.000 millones— quedará sin cubrir, lo que supone alcanzar apenas dos tercios del coste real cuando la normativa exigía financiación total.

El Observatorio para el Laboratorio de Residuos advierte que este desfase obligará a los ayuntamientos a buscar ingresos alternativos o recortar partidas. Los inspectores fiscales alertan de que la situación generará roces políticos y administrativos, sobre todo en territorios donde la gestión resulta especialmente compleja: ciudades turísticas, áreas industriales o zonas con infraestructuras envejecidas.

Batallas legales a la vista

Hay otro foco de tensión: ¿quién debe pagar exactamente? Aunque la norma señala que la obligación recae sobre quien produce los residuos, en alquileres o cesiones temporales la práctica habitual traslada el coste al propietario del inmueble. Esta ambigüedad legal ya está generando las primeras reclamaciones y podría desembocar en una oleada de litigios en los tribunales autonómicos.

A esto se suma que cada municipio diseña su propia tarifa sin directrices claras del Ministerio de Hacienda. Durante años, el Tribunal Supremo estableció criterios homogéneos para estas tasas, pero ahora la descentralización ha creado un mosaico de fórmulas dispares. Los inspectores denuncian «inacción ministerial» y avisan de que las sentencias variarán según la comunidad autónoma, alimentando la inseguridad jurídica.

El caso catalán: industria, turismo y saturación

Las cifras catalanas no son casuales. En Tarragona, los responsables municipales justifican el importe por el elevado coste del tratamiento especializado y la saturación de vertederos en comarcas cercanas. Barcelona, por su lado, ha apostado por bonificar a quienes separan mejor sus residuos y penalizar la mayor generación de basura, un sistema que encarece la factura media pero busca cambiar hábitos.

Donde más se nota el impacto es en destinos turísticos. Girona o Sitges ven multiplicarse sus residuos durante la temporada alta, pero su base de contribuyentes permanentes no crece. El resultado: repartir costes disparados entre menos vecinos. Los consistorios reclaman que Madrid no ha tenido en cuenta estas realidades territoriales y tachan el modelo de «inviable a medio plazo».

Con 3.500 millones de recaudación prevista, esta tasa se coloca como segundo ingreso local del país, solo por detrás del impuesto sobre bienes inmuebles y superando a la plusvalía. Los inspectores lo resumen sin ambages: «Garantiza recursos estables, pero abre un nuevo frente de conflicto político». Y Cataluña, con tres de sus principales ciudades en lo alto del ranking, se ha convertido en el epicentro del debate sobre cómo financiar un servicio esencial sin ahogar a los contribuyentes.