Una familia recupera su casa tras 6 años lidiando con okupas: iban a golf y la realquilaban en Booking

Seis años después de abandonar su vivienda por problemas económicos y acabar atrapado en un interminable laberinto judicial, Joaquim Álvarez y su familia han podido volver este miércoles a su casa de Reus. Lo han hecho tras una larga batalla contra unos inquilinos que dejaron de pagar el alquiler pocos meses después de entrar en la vivienda y que, según ha denunciado el propietario, llegaron incluso a anunciar la casa en Booking para realquilarla como apartamento turístico.

La entrega se ha producido antes de lo previsto. Aunque el lanzamiento judicial estaba fijado para el próximo 22 de julio, los ocupantes han abandonado la vivienda de forma voluntaria y han entregado las llaves en el juzgado. El regreso, sin embargo, no ha estado exento de nuevos problemas. Según ha explicado Joaquim en RAC1, la familia se encontró con silicona en las cerraduras y tuvo que acceder al inmueble por una ventana trasera.

«La casa está hecha un desastre. No hay luz, aunque sí agua. Pero las paredes siguen ahí», ironizaba el propietario en declaraciones a la emisora catalana, todavía impactado por el estado en el que ha encontrado la vivienda.

La historia comenzó en 2019. Joaquim, casado y con tres hijos, atravesaba entonces dificultades económicas y decidió alquilar la vivienda familiar mientras se trasladaban temporalmente a una masía cedida por unos amigos. Los nuevos inquilinos, una pareja también con hijos, empezaron pagando con normalidad, pero pocos meses después dejaron de abonar las mensualidades.

Vulnerables, pero iban al golf

El contrato expiró en 2022, pero la familia se negó a abandonar la casa. Desde entonces, el propietario asegura haber vivido un auténtico calvario administrativo y judicial. La situación se complicó aún más cuando los ocupantes obtuvieron un certificado de vulnerabilidad emitido por el Ayuntamiento de Reus, circunstancia que paralizó durante meses el desahucio.

Sin embargo, Joaquim siempre ha sostenido que la situación económica de los inquilinos no encajaba con ese perfil vulnerable. Según denunció, la familia llevaba un elevado nivel de vida: frecuentaba el club de golf de la urbanización, utilizaba la piscina y el restaurante y uno de los hijos recibía clases de golf. Además, llegaron a constituir una empresa con un capital social de 30.000 euros.

El episodio más llamativo llegó cuando el propietario descubrió que su vivienda aparecía anunciada en Booking como alojamiento turístico pese a no contar con licencia para ello. El inmueble acumulaba incluso reseñas de usuarios. La situación terminó provocando que Hacienda sancionara al propietario con una multa cercana a los 6.000 euros por una actividad que realizaban los propios ocupantes.

Mientras tanto, Joaquim tuvo que seguir pagando durante todos estos años la hipoteca de una casa en la que no podía vivir. Finalmente, el juzgado de Reus acabó dándole la razón: anuló la situación de vulnerabilidad de los ocupantes y condenó al principal inquilino al pago de más de 27.000 euros por rentas impagadas, además de intereses y costas judiciales. La familia calcula que las pérdidas totales superan ya los 40.000 euros.

Pese a esa sentencia favorable, el procedimiento volvió a retrasarse por un recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Tarragona, que terminó ratificando íntegramente la resolución inicial y ordenando ejecutar definitivamente el desalojo.

Durante todos estos años, Joaquim convirtió su caso en una denuncia constante contra la lentitud del sistema judicial y la indefensión de muchos pequeños propietarios. «Los buscaré donde haga falta. Nos han hecho muchísimo daño», ha afirmado esta semana tras recuperar, por fin, su vivienda.

Ahora la familia afronta otra batalla: reparar una casa seriamente deteriorada y reconstruir una vida que, según explican, quedó completamente bloqueada durante más de media década.