Edificio ocupado en Valencia
Valencia
El PP pide a Ribó que dé de baja en el padrón a los okupas y devuelva el IBI a los propietarios afectados
Entre las medidas, también se propone crear una oficina antiokupas para que las comunidades de vecinos puedan informarse sobre las acciones a emprender
El curso político en el Ayuntamiento de Valencia comenzará abordando uno de los temas que más preocupan a los vecinos: la okupación. Según denuncia la portavoz del Partido Popular en el Consistorio, María José Catalá, a pesar del «apagón informativo» del alcalde, Joan Ribó, «se ha sabido que le okupación ha aumentado un 25% en los cuatro primeros meses del año».
Por ello, su formación planteará en el próximo pleno municipal una serie de medidas para frenar esta práctica, que pretende que tenga eco nacional.
Una de esas iniciativas será que los ayuntamientos den «de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo» el empadronamiento en cuanto tengan conocimiento de la okupación de su inmueble.
Asimismo, de cara a resarcir al dueño de la casa, el PP planteará llevar a cabo una reforma tributaria para que, una vez haya resolución judicial firme, le sea devuelto el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), así como el de Patrimonio abonados durante el período que hubiera durado la okupación.
También el PP apuesta por crear una oficina antiokupas de cara a «asesorar a aquellas comunidades de vecinos afectadas sobre las medidas que pueden adoptar para combatir la usurpación de viviendas y los problemas de convivencia que lleva aparejados».
Respecto a la coordinación con otras administraciones, la propuesta hace hincapié en instar a la Delegación de Gobierno «para que proporcione acceso a la agenda de citaciones judiciales». Con ello, según explica Catalá, se persigue que la Policía Local de Valencia «pueda pedir medidas cautelares y proceder inmediatamente al desalojo del inmueble», que como mucho tendría que ser en veinticuatro horas desde la interposición de la denuncia por parte del propietario.
La última medida que llevará el PP al Pleno del Ayuntamiento será la «recuperación» del delito de usurpación de bienes e inmuebles y que este lleve aparejado unas penas de cárcel de «entre tres y cinco años para que se puedan tomar medidas cautelares».
Garantizar la convivencia
Catalá se ha visto obligada a registrar esta batería de iniciativas al Consistorio ante el señalado crecimiento de la okupación en la capital valenciana. En opinión de la líder de la oposición, el Gobierno de Ribó «debe garantizar la convivencia vecinal y tomar partido». En este sentido, Catalá ha sido categórica: «O se está con los okupas o con los legítimos propietarios», ha señalado.
Así, la concejala ha criticado que haya «viviendas del parque público municipal o de la Generalitat okupadas irregularmente, en lugar de estar a disposición de quienes más las necesitan».
Como dato revelador, Catalá ha señalado que en algunos barrios de la ciudad como El Cabanyal, «el ochenta por cien de las viviendas de titularidad municipal están vacías y el diez por cien, okupadas».
Por ello, la popular ha pedido a Ribó «más empeño» para conseguir que los bancos propietarios de esas viviendas okupadas «desalojen a sus inquilinos», a la par que ha exigido al primer edil valenciano que para ello no se conforme «con un simple envío de cartas».
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