Protestas de agricultores y regantes de Levante contra los recortes en el trasvase Tajo-Segura.
Comunidad Valenciana El Consejo de Estado avala el recorte del trasvase Tajo-Segura y consuma el golpe a los regantes del Levante
La decisión desespera a los campesinos, que se manifestarán frente a La Moncloa el martes coincidiendo con el Consejo de Ministros que aprueba la medida
El pleno del Consejo de Estado ha avalado el proyecto de Real Decreto por el que el Gobierno central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, recortará la cantidad de agua trasvasada entre los ríos Tajo y Segura.
De esta manera, da luz verde para que el departamento dirigido por la vicepresidenta Tercera y ministra del ramo, Teresa Ribera, aseste a los agricultores del Levante español un golpe que puede ser definitivo para muchos cultivos de la zona.
La votación del órgano consultivo presidido por la exministra de Trabajo Magdalena Valerio ha sido por unanimidad y con ella ha secundado la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El trasvase Tajo-Segura es una infraestructura fundamental para los campesinos de las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Una muestra de ello se pudo comprobar el pasado 11 de enero en Madrid.
Concentración masiva
A las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica, miles de regantes se concentraron para pedir, como última baza, que Ribera y Sánchez no consumen su plan, algo que ahora es prácticamente una quimera.
Junto a ellos estaban personalidades como el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el de la Diputación de Alicante y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, así como numerosos diputados, senadores y alcaldes de las tres provincias perjudicadas, tanto del PSOE como del Partido Popular.
Incluso, rostros reconocidos de la coalición nacionalista Compromís como la consejera de Agricultura, Isaura Navarro, o el diputado en el Congreso Joan Baldoví se unieron a la masiva protesta.
Todos ellos clamaron para que no se termine llevando a cabo ese recorte, ya que, según argumentan, se haría en base a ningún criterio técnico ni medioambiental, sino únicamente por motivos políticos.
La presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio.
De hecho, la postura, tarde pero firme, del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig al respecto y enfrentándose a Sánchez ha hecho que su ya maltrecha relación esté en su peor momento en años.
Las reacciones a la decisión del Gobierno no han tardado en llegar. Por parte del PP, Mazón ha acusado al Ejecutivo central de condenar a las provincias afectadas «a secarse tras consumar sus planes de dejar sin agua» a Alicante, Murcia y Almería.
En su opinión, con la rebaja del caudal ecológico del Tajo se está avanzando ante un daño «irreparable que va a afectar a la huerta de Europa, a la sostenibilidad, a la agricultura, a la economía de las miles de familias que viven del trasvase y a los precios de consumo», ha lamentado el candidato popular.
Para Mazón, la postura que previsiblemente adoptará el Consejo de Ministros es un «hachazo» y ha anunciado que tomará «todas las medidas posibles» para revertirlo.
En cuanto a Puig, todavía no se ha pronunciado. Las últimas palabras del presidente regional la respecto las dijo por la mañana en Fitur, donde aseguró que, fuese cual fuese el resultado de la votación en el Consejo de Estado, la voluntad de su Gobierno sería la de «seguir dialogando». Da la sensación de que Puig ya daba el partido por perdido de buena mañana.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Alicante, José Vicente Andreu, ha criticado que el órgano presidido por Valerio «avale una decisión que va totalmente en contra del interés general de este país y sus ciudadanos».
En esta línea, Andreu también ha recordado los efectos que el recorte en el trasvase va a tener: «Pérdida de 15.300 empleos directos, de 27.000 hectáreas de regadío y un coste económico que alcanzará los 5.692 millones de euros».
Así pues, tanto ASAJA como otros colectivos de regantes de Alicante, Murcia y Almería se manifestarán el próximo martes, pero en esta ocasión frente al Palacio de La Moncloa a la par que se celebrará el Consejo de Ministros que puede lastrar su futuro.
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