Señal que indica un tramo del trasvase Tajo-Segura.
Comunidad Valenciana Claves de la 'guerra del agua' que está removiendo los cimientos del PSOE
La decisión del Gobierno de recortar el trasvase Tajo-Segura está provocando tensiones entre varias federaciones e, incluso, con el propio Pedro Sánchez
Miles de agricultores y regantes se concentraron ayer frente al Ministerio para la Transición Ecológica. Provenientes de Alicante, Murcia y Almería, manifestaron su indignación y desesperación frente a la decisión de la vicepresidenta Tercera y ministras del ramo, Teresa Ribera, de recortar la cantidad de agua que llega al trasvase Tajo-Segura.
Sus reivindicaciones llevan meses sobre la mesa, con la comprensión de unos y la indiferencia de otros, por lo que la protesta la tomaron como última alternativa a una postura que puede dar al traste con sus cultivos y, por ende, por la que se considera la 'huerta de Europa'.
Hasta la marcha multitudinaria de ayer, a excepción de El Debate y escasos medios de comunicación más, este asunto no había copado titulares a nivel nacional. Por ello, merece la pena repasar cuáles son las claves de este nuevo capítulo de la 'guerra del agua'.
¿Cuál es el origen del problema?
Tal como explica a El Debate el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Alicante, José Vicente Andreu, el pasado 29 de noviembre, en el marco del Consejo Nacional del Agua, el Ministerio de Ribera pactó con las autonomías implicadas en el trasvase que, debido a las condiciones climáticas, el trasvase perdiera «un quince por ciento de agua, unos 32 hectómetros».
A pesar de la reducción hídrica, no hubo oposición al respecto porque «se cedía un poco, pero se garantizaba la continuidad del trasvase». La razón es que en 2026 había un compromiso para «volver a evaluar el estado del río» y, si el estado medioambiental no era «idóneo», se «volvían a elevar los caudales ecológicos», es decir, la cantidad de agua necesaria que ha de tener una cuenca. Si se aumentan los del Tajo a su paso por Castilla-La Mancha, menos le corresponderá al Levante.
Sin embargo, el Ministerio tomó una decisión que regantes y diferentes administraciones catalogan de «arbitraria». Es la de eliminar motu propio la disposición adicional novena del Real Decreto que regulaba el trasvase. Al suprimirse, para incrementar dichos caudales ya no serán necesarios informes ni evaluaciones de carácter técnico. Por el contrario, se fijan de antemano y con un calendario previsto para ello que es prácticamente automático desde la aprobación definitiva.
Por tanto, los regantes de la zona van a ver disminuida la cantidad de agua que les llega sin que para justificarlo hagan falta razones medioambientales o de otra índole.
¿Qué actores están implicados?
En esta nueva 'guerra del agua' hay en juego varios actores. Uno de ellos es el propio Gobierno de España, con el Ministerio para la Transición Ecológica como brazo ejecutor. En asuntos como los trasvases, es la cartera de Teresa Ribera la que ostenta la competencia y quien, en última instancia, decide cómo se terminan haciendo las cosas.
Por otra parte, están las comunidades autónomas. En este caso, las afectadas son la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía –la provincia de Almería– por un lado y Castilla-La Mancha en el opuesto.
En este aspecto, cabe destacar el papel reivindicativo que la Diputación de Alicante, a través de su presidente y candidato del PP a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha tenido desde un principio, cuando aún Ximo Puig se encontraba en misa y repicando.
A su vez, más allá de lo estrictamente institucional y político, los principales afectados e interesados en una solución favorable al trasvase Tajo-Segura son los propios regantes y agricultores del Levante nacional.
¿Qué postura tiene cada actor?
La postura del Ministerio para llevar a cabo un recorte tan severo en esta vital infraestructura hídrica es la de hacer frente a la actual situación climática y medioambiental tanto a corto como a medio plazo.
No obstante, esta supuesta razón en todos estos meses no se ha visto avalada por ningún tipo de informe, recomendación ni documento científico o técnico.
Es por eso, que el frente común entre Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía reprocha al Gobierno que vaya a proceder a efectuar semejante acción sin contar con el más mínimo respaldo objetivo.
Asimismo, los tres gobiernos autonómicos critican duramente a Ribera por lo que consideran una decisión «arbitraria» que rompe el principio constitucional de igualdad entre los españoles porque no todo ellos, en palabras del presidente murciano, Fernando López Miras, pueden «tener acceso al agua en las mismas condiciones».
En este sentido, lamentan que Transición Ecológica haya actuado de forma unilateral, a última hora y obviando el acuerdo al que las Comunidades habían llegado. Para ellos, esto supone un quebranto de la «seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia». Por ello, afirman que el nuevo borrador puede ser «nulo de pleno derecho».
Un manifestante, durante la protesta en Madrid.
En cuanto a Castilla-La Mancha, el Ejecutivo de Emiliano García-Page recoge el argumentario de Ribera y explota la versión de que, si siguiera el trasvase, poco menos que el Tajo y toda la región se quedarían sin agua.
Al respecto, valencianos, murcianos y andaluces replican que no es cierto. Se basan en dos principios como que «si no hay agua suficiente no hay trasvase» y que, en caso de haberla, «la prioridad la tiene siempre la cuenca excedente –la manchega, en este caso– y no la receptora –la levantina–».
Los regantes, además de todo lo anterior, esgrimen otro tipo de razones. De este modo, cifran en quince mil los empleos que se perderían de seguir adelante la propuesta del Ministerio. Además, habría 27.000 hectáreas menos de superficie regable en la zona, lo que provocaría un montante de 5.592 millones de euros en pérdidas.
A todo ello habría que añadir que la única alternativa al trasvase por parte del equipo de Ribera es la de dar ayudas al agua desalada. Los campesinos rechazan de plano esa opción porque supondría un aumento más que considerable de los precios. En base a ello, una sola lechuga podría alcanzar los dos euros, según el sindicato convocante de la concentración.
¿Qué implicaciones políticas tiene?
El asunto del Tajo-Segura tiene muchas aristas. Una de ellas, quizás la más mediática, sea la política. En ella, es el Partido Socialista el único perjudicado porque el trasvase ha vuelto a remover las aguas del partido y ha enfrentado de nuevo a unas federaciones con otras e, incluso, con el propio Pedro Sánchez. Y todo a cuatro meses de unas elecciones autonómicas y a diez de las generales.
Así, una vez Puig ha salido de su letargo, ha emprendido una guerra sin cuartel contra el Gobierno central cuya solución no parece factible ni siquiera en el largo plazo. Igualmente, su más que buena relación con García-Page se está viendo más que removida.
Este último sabe que, al igual que el valenciano, se la juega en mayo y es plenamente conocedor de que azuzar una hipotética sequía puede suponerle ganar algunos votos en las elecciones.
Mirando a las generales, Sánchez es consciente de que la Comunidad Valenciana es clave si quiere mantenerse en el Palacio de La Moncloa. Sin embargo, acciones como las que pretende ejecutar le ponen muy difícil que pueda seguir siendo fuerza hegemónica en la región.
Peor panorama tiene el presidente del Gobierno en Murcia y Andalucía, donde si las aspiraciones socialistas eran ínfimas, con el recorte al trasvase esas autonomías pasan a ser feudos prácticamente conquistables solo en los mundos de fantasía.
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