Mónica Oltra y Aitana Mas
Comunidad Valenciana Los centros de menores en Valencia: impagos millonarios y otras dos chicas tuteladas víctimas de abusos sexuales
Al caso del exmarido de Mónica Oltra se le une el de las dos jóvenes que fueron captadas por una red que las drogaban y violaban
Los centros de menores tutelados de la Comunidad Valenciana vuelven a ser noticia. Meses después de que la exvicepresidenta autonómica Mónica Oltra resultara imputada por, presuntamente, haber encubierto los abusos sexuales que su propio marido cometió a una niña de catorce años de la que era su educador, otro escándalo pone de nuevo la lupa sobre la gestión en dichos centros.
En este caso, se trata de dos niñas de 14 y 16 años que se fugaron y que, seguidamente, fueron raptadas por un grupo criminal que las drogó y violó constantemente durante diez días.
La pericia de la madre de una de ellas al hacerse pasar por compañera suyas fue clave para rescatarlas de una pesadilla. Tal fue el infierno que vivieron, que una de las menores, aún con síntomas de aturdimiento por las sustancias psicotrópicas, llegó a declarar que habían abusado de ella «entre diez y quince hombres diferentes».
Este episodio no hace sino volver a cuestionar la gestión que desde la Generalitat Valenciana se viene haciendo de los centros de menores, más aún cuando estos arrastran una situación de impagos millonarios.
Preguntado por ello, el presidente de la Asociación Profesional de Instituciones de Menores (APIME), Esteban Burillo, asegura que bajo esas circunstancias «no se vive bien».
En su opinión, la clave de bóveda de este asunto radica en los «errores y falta de planificación» por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que capitanea la vicepresidenta Aitana Mas, sucesora de Oltra.
Así, Burillo explica que el problema se origina cuando la Administración regional «no renueva la concesión» a estos centros y por tanto se encuentran «en un limbo jurídico».
Instalados en esta situación «rara», la Consejería «necesita mantener ese servicio a pesar de que no hay un contrato», por lo que los centros entran en lo que legalmente se denomina «enriquecimiento injusto».
En otras palabras, el Gobierno valenciano compromete a los responsables de los centros porque estos no pueden decir «me voy», ya que significaría, en palabras de Burillo, «abandonar de facto a los niños tutelados y eso está prohibido porque ellos son lo primero».
Esos fallos en la «planificación» el responsable de APIME los puede llegar a entender porque habrá «mil razones», pero a la par critica que el departamento de Mas no haya «procurado hacer ni en tiempo ni en forma un nuevo contrato».
«Lo ideal sería que este tipo de cosas no pasasen. Lo lógico es que, si terminan sucediendo, se resuelvan en breve, pero lo anormal es esto», señala Burillo, que puntualiza que, aunque se está empezando a «amortizar», la cuantía endeudada por el tripartito a los centros de menores en verano era de «veintiún millones de euros».
Un 2022 «dramático»
En concreto, la concesión que ha de renovar Mas abarca de 2019 hasta 2021, lo que llevó a estas instalaciones a padecer un 2022 «dramático».
Asimismo, mientras no se actualice la concesión, el presidente de APIME indica que las cuantías que reciben «son las mismas» porque de lo contrario «tendría que mediar una orden».
Como consecuencia de ello, el importe que perciben queda anticuado porque no recoge el aumento de costes por la inflación ni otros factores que hacen que los primeros y últimos perjudicados sean los propios menores tutelados.
Tan grave es la situación, que Burillo apunta que ha habido centros de este tipo que se han visto obligados «a hacer ajustes aplazando nóminas» de sus empleados o a «pedir préstamos» porque los problemas «son reales, de tesorería».
Con todo ello, el presidente de APIME subraya que, en lo concerniente a los centros de menores, todos son «sin ánimo de lucro», a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos. Por tanto, es contundente al prever el panorama de su sector a corto plazo: «Toca aguantarse y sobrevivir», declara.
El exmarido de Mónica Oltra, Luis Eduardo Ramírez Icardi, durante el juicio por abusos sexuales a una menor de catorce años
En la óptica política, la portavoz Adjunta del Partido Popular en las Cortes Valencianas, Elena Bastidas, califica la gestión en lo concerniente a menores del tripartito regional como de «auténtico desastre y un agujero negro».
Entre los motivos que la diputada esgrime para justificar que la ejecutoria de la vicepresidenta y consejera es «más que lamentable», está que Mas hizo un viaje a Islandia junto a una imputada en el caso Oltra, la directora General de Infancia, para estudiar «cómo detectar los casos de abusos sexuales».
«Aquí, en la Comunidad Valenciana, ha tenido la ocasión por tres veces de mejorar y que fueran los expertos quienes aportaran luz para la manera de prevenirlos y se ha negado las tres veces», lamenta Bastidas.
En cuanto a la situación de impagos a los centros, si en verano Burillo afirma que se debían veintiún millones de euros, la popular asegura que a fecha de finales de diciembre el montante todavía seguía siendo de «once».
Igualmente, la portavoz Adjunta no distingue entre Aitana Mas y su antecesora, Mónica Oltra: «No viene a aportar nada nuevo, es una persona de su cuerda. Ni siquiera, que habría sido noble por su parte, ha pedido perdón a la víctima. Es continuista, el avatar de Oltra».
Como conclusión, Bastidas advierte que el marido de la exdirigente de Compromís puede ser uno de los beneficiados por la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’, el proyecto estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Por su parte, la portavoz de Vox en el parlamento valenciano, Ana Vega, hace hincapié en que el Gobierno regional debe «revisar el sistema de tutelas de menores y acabar con su mercantilización, puesto que ellos son «los más vulnerables de todo el sistema».
A juicio de la parlamentaria de Vox, todo lo que acontece en esta clase de centros es «gravísimo», tanto por la «desprotección» a los internos, como también por los «retrasos que acumula la Consejería» y que provocan «graves consecuencias en su mantenimiento y en el poco personal que tienen».
Con la intención de remediarlo, Vega recuerda que su formación ha pedido «comisiones de investigación y de estudio» al respecto, pero «la izquierda vota en contra constantemente por puro sectarismo».
Por último, en Ciudadanos no dudan en señalar que el panorama al que se enfrentan los centros de menores es fruto de la «ineficacia» del tripartito de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem. Esto, según indican, lo único que provoca es que «los más vulnerables vuelvan a estar desprotegidos» por el Gobierno valenciano.
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