El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, junto a sus consejeros
Comunidad Valenciana PP y Vox cumplen dos meses de acuerdo en Valencia desactivando el discurso alarmista de la izquierda
La coalición de Gobierno sigue su hoja de ruta reformista frente a la 'alerta antifascista' que tanto el PSPV-PSOE como Compromís, Unidas Podemos e incluso el Gobierno central llevan tiempo alentando
El pasado 26 de junio tuvo lugar la constitución de las Cortes Valencianas. Antes de que comenzara el pleno de inauguración de la nueva legislatura, 200 personas aproximadamente se concentraron a las puertas del parlamento autonómico vestidas con prendas de ropa de color morado y lanzando gritos bajo el lema en valenciano «fuera fascistas de las instituciones».
La protesta se enmarcó en el acuerdo de Gobierno que días antes habían alcanzado el Partido Popular y Vox para gestionar en coalición la Generalitat, aumentando el nivel de gritos cuando hizo acto de presencia Santiago Abascal, que siguió la sesión desde la tribuna de invitados.
Ese pacto contempla, entre otros aspectos, defender la «unidad de España, la igualdad entre españoles y la riqueza y diversidad cultural» del país y el compromiso de aprobar una Ley de Señas de Identidad que proteja «los valores, costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana» ante los ataques del independentismo catalán.
También recoge la eliminación de los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, así como la garantía de «libertad en el ámbito educativo, con la libre elección de centro y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas» y reforzando «la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos».
En cuanto ambas formaciones firmaron el documento conjunto y lo dieron a conocer a la opinión pública, la izquierda política y social cargó contra él de manera constante, algo que todavía a día de hoy sigue haciendo. El clavo ardiendo al que se agarraron unos y otros fue el punto 43 del pacto. Las críticas se sostienen en que no se habla explícitamente de violencia machista ni de género, sino de «violencia intrafamiliar».
En concreto, el párrafo en cuestión es el siguiente: «Defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas».
1,6 millones menos de «gasto político»
A partir de esas líneas, tanto el PSOE como Unidas Podemos y Compromís construyeron un relato según el cual el Gobierno de PP y Vox iba a instaurar en la Comunidad Valenciana una total y absoluta desprotección hacia las mujeres, dejándolas desamparadas ante una supuesta e hipotética ola de asesinatos y agresiones sexuales. En el terreno económico, la oposición al acuerdo también es total, ya que, según los integrantes del tripartito que estuvo al frente de la Generalitat desde 2015 hasta hace un mes, la región se convertiría en un paraíso fiscal a costa de una degradación de los servicios públicos. Es decir, había comenzado la alerta antifascista ‘a la valenciana’.
Si embargo, justo en el día en que se cumplen dos meses de la rúbrica de la coalición, los hechos desmontan el discurso de la izquierda. Pese al intento de generar polémicas estériles y artificiales, el Gobierno autonómico no ha protagonizado ninguna discusión interna ni ha picado en caer en controversias externas. De hecho, poco a poco, el jefe del Ejecutivo valenciano, el popular Carlos Mazón, va sacando adelante medidas contempladas en el pacto y en su propio programa electoral. Así, el Gabinete lo integran el presidente y nueve consejeros o, lo que es lo mismo, tiene dos carteras menos que cuando estaba en el poder el PSPV-PSOE junto a sus socios de Compromís y Unidas Podemos.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, con el expresidente Ximo Puig
Ese plan para «optimizar el uso de los recursos públicos» tendrá un impacto de 1,6 millones de euros anuales que se dejarán de cobrar a los valencianos y no afectará únicamente al número de consejerías, sino que también tendrá su correlación en los organismos que configuran la totalidad de la estructura administrativa regional. De este modo, hay cinco secretarías autonómicas menos (de 31 a 26) y de subsecretarías, pasando de doce a diez. Ese plan de ahorro, en palabras de la titular de Hacienda del Gobierno valenciano, Ruth Merino, está previsto que se mantenga también a la hora de contratar a personal eventual y, en general, en todo lo que respecta a la Función Pública.
Ruta directa Valencia-Nueva York
Por tanto, el discurso del miedo que la izquierda continúa proyectando e intentado transmitir a la sociedad valenciana sigue cayendo en saco roto. La Generalitat trabaja silenciosamente y sin entrar en provocaciones ajenas, manteniendo la hoja de ruta prevista.
Por ejemplo, la construcción de la gigafactoría de baterías en la localidad valenciana de Sagunto por parte de la multinacional Volkswagen sigue adelante con una perfecta sintonía con el grupo alemán, y la consejera de Turismo e Industria, Nuria Montes, ya ha iniciado las reuniones y negociaciones con la compañía aérea Delta Airlines con vistas a poner en marcha una ruta directa en avión entre el aeropuerto de Valencia y el John Fitzgerald Kennedy de Nueva York.
En lo referente a asuntos económicos domésticos, el recién estrenado equipo gubernamental ya ha sacado adelante la congelación del precio de las tasas universitarias para el curso académico que está a escasas semanas de comenzar, ha rebajado un 10 % las tasas propias y los precios públicos que le corresponden y se ha reunido con los representantes de las cámaras de comercio de las tres provincias de la Comunidad, así como con los principales alcaldes.
En otro orden de temas, Mazón ha desbloqueado la construcción del Palacio de Justicia en el municipio valenciano de Torrente –que cuenta con más de 85.000 habitantes– que el tripartito de Ximo Puig mantenía bloqueada y ha anunciado la modificación de la ley para agilizar la construcción de nuevas viviendas y simplificar los trámites administrativos.
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