Pedro Sánchez, en una promoción de viviendas en Sevilla, este lunes
Un informe culpa a la «desastrosa» Ley de Vivienda de Sánchez del «insostenible» alza del alquiler en Valencia
La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia alerta de unos «precios disparatados» y cita directamente el texto aprobado por el Ejecutivo de coalición
Al igual que en la pasada campaña de las elecciones autonómicas y municipales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha echado mano del sector de la vivienda para realizar anuncios y desviar la atención mediática y social de los escándalos que afectan a miembros del PSOE y del actual Ejecutivo. Si en mayo de 2023 en numerosos mítines prometió la construcción de miles de pisos sociales de los que nada se sabe, ante el maratón vasco, catalán y europeo ha optado por la eliminación de la Golden Visa, sin perjuicio de futuras estrategias similares.
Aunque Moncloa presume de su política en dicho campo, hay resultados que contradicen ese entusiasmo. Uno de ellos es el informe que ha publicado la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) relativo al primer trimestre del presente año. En él, los expertos alertan de que la situación de la vivienda en la capital del Turia y su área metropolitana «se degrada de manera acelerada», ya que los precios están experimentando «unos incrementos en el entorno del 10 %» en inmuebles de nueva construcción «y en las mensualidades del alquiler».
En la misma línea, la UPV advierte de que la oferta «está menguando de manera alarmante», una circunstancia que «lleva camino de ser literalmente insostenible». Todo ello, provoca que la Cátedra defina el contexto actual de la vivienda en Valencia como «muy preocupante, sobre todo a corto plazo». Frente a ello, valora positivamente que la Generalitat Valenciana haya puesto «el foco» en la construcción de vivienda protegida con tal de lograr cierta «contención de precios» y poner fin a la «dramática falta de oferta» de manera «urgentísima».
«Precios disparatados»
El gran problema que señala el estudio se sitúa en la demanda y en el poder adquisitivo «de quienes desean acceder a una vivienda». «Los salarios de los jóvenes y de los colectivos más vulnerables, incluidos aquellos migrantes que vienen a buscar una vida mejor, hacen inviable la compra de un inmueble, quedando únicamente para ellos la opción del alquiler», indican los expertos. A la par, apuntan que, ante la subida de las cuotas a pagar mensualmente, queda «únicamente la opción de alquiler de habitaciones, que ya alcanza precios disparatados».
Igualmente, la UPV también hace referencia a la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de Sánchez, que cataloga de «desastrosa para el mercado del alquiler», puesto que, a su juicio, «ha expulsado viviendas del mercado tradicional debido a la imposibilidad de que los propietarios vinculen la cuota a la inflación y la protección frente a la okupación».
Vista aérea de la ciudad de Valencia
Al respecto, la contundencia del informe es evidente: «Casi el doble de viviendas respecto al alquiler tradicional se alquila por períodos menores al año para evitar esa ley, y ello seguirá condicionando el precio, tensionándolo al alza». Así, los autores se preguntan qué ocurre si ni siquiera se puede alquilar una habitación, a lo que responden: «Desgraciadamente ya lo estamos viendo, con cada vez más gente durmiendo en nuestras calles o improvisados poblados sin condiciones de salubridad ni seguridad. Son los denominados asentamientos informales (chabolismo), de los que los informes de la Cátedra van advirtiendo hace dos años».
Para tratar de revertir este contexto, el estudio cree «necesario» activar «ayudas directas a estos colectivos para el acceso a la vivienda, y no solo para el alquiler, sino también para la compra». De no ser así, los expertos no son nada optimistas de cara al futuro más cercano: «La elección será, por tanto, viviendas dignas, pero no con el nivel de equipamientos y exigencias de un edificio de renta libre, o la alternativa, es decir, que no se construyan viviendas y sigamos abocando a infraviviendas (chabolismo) a los más vulnerables».
Por su parte, la consejera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, pone como ejemplo el plan de vivienda impulsado por el Gobierno de Carlos Mazón, que prevé construir 10.000 viviendas sociales, y pide al Ejecutivo central que se fije en él y no proponga «ocurrencias electoralistas», ya que «da la impresión de que Sánchez no tiene un plan para la vivienda», recordando que la Golden Visa fue aprobada por el Gabinete de Mariano Rajoy en 2013, hace ahora 11 años.
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