Imagen aérea del Puerto de Valencia
La justicia obliga al Gobierno a pronunciarse sobre la ampliación del Puerto de Valencia y retrasa las obras
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid asegura que la Autoridad Portuaria de Valencia no es competente para aprobar la Declaración de Impacto Ambiental, sino Puertos del Estado
La Comissió Ciutat-Port ha celebrado este jueves la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula parcialmente la resolución por la cual la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) era el órgano sustantivo que debía decidir sobre la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación del Puerto de Valencia. Una decisión que, según ha valorado la plataforma, implica «retrasar» el proceso de licitación de las obras de la terminal de contenedores porque es Puertos del Estado quien debe pronunciarse.
Así lo han explicado responsables de la Comissió Ciutat-Port, en una rueda de prensa para valorar la resolución de la dirección dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y anunciar la convocatoria de una manifestación en contra del proyecto que tendrá lugar el próximo 31 de mayo a las 18:30 horas en el centro de Valencia.
La sentencia estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por Per L'Horta, que es miembro de la Comissió, contra la resolución del 30 de marzo de 2021 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se sustituyó a Puertos del Estado por la APV como órgano sustantivo competente para decidir sobre la validez de la DIA de 2007. La resolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
«Pasándose la pelota»
En concreto, el TSJM concluye que la Dirección General, al trasladar a la APV el carácter de órgano sustantivo, recurrió a un procedimiento de rectificación de errores para «eludir tanto los procedimientos aplicables en materia de sustitución de titularidad de órganos administrativos como, especialmente, las consecuencias que, en materia de inicio de procedimiento de fondo, conlleva el transcurso de 14 años sin que nada haya acordado en tal respecto». Se trata de una estimación parcial del recurso porque solo se anula la sustitución del órgano consultivo.
Desde Comissió Ciutat-Port, señalan que esta sentencia implica que el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros y que está en licitación «está incompleto» y «no es válido». «No sabemos si se paralizará por completo en este momento, pero evidentemente Puertos del Estado se debe pronunciar», han expuesto.
De este modo, aunque Puertos del Estado ha expresado su posición a favor del proyecto y la validez de la DIA en «notas informativas», «no hay ningún acto administrativo regulado y válido que diga que avala la DIA de 2007», ya que han estado «pasándose la pelota unos a otros». «La pelota vuelve a Puertos del Estados y son ellos los que ahora han de dirimir si hace falta una nueva DIA o no. Y evidentemente, con las modificaciones y el paso de tantos años, hace falta una nueva DIA», ha defendido el colectivo.
María José Catalá, Mar Chao, Óscar Puente, Carlos Mazón y Pilar Bernabé, tras el desbloqueo de la ampliación del Puerto
Francesc Herrera, representante de la Comissió, ha señalado que «esta sentencia, primero de todo, es la primera victoria judicial contra la ampliación del Puerto de todas las que vendrán, y sobre todo lo que viene es a reafirmar» los argumentos de Ciutat-Port, sobre que «todo el proceso administrativo y el proyecto en sí está viciado desde el inicio».
También desde Comissió Ciutat-Port, para Andrea Márquez la resolución del TSJM «afecta a la aprobación del proyecto constructivo del muelle de contenedores de manera que queda anulada» y «retrasa» la licitación «a la espera de que efectivamente Puertos del Estado se pronuncie de si es necesaria una nueva DIA». «A la APV se le ha quitado la competencia de poder decidir si el proyecto de ampliación norte requería una nueva DIA de acuerdo con las modificaciones que presenta el proyecto respecto al original del 2007», ha resumido.
Presión a Óscar Puente y Teresa Ribera
Los miembros de la plataforma han criticado la «posición irresponsable» de haber seguido adelante con la licitación a pesar de que esta resolución estuviese suspendida cautelarmente y de los otros procesos judiciales que hay en marcha sobre el proyecto. «Lo razonable habría sido parar, no han querido hacerlo y ahora se deberán atener a las consecuencias», ha agregado Herrera.
Asimismo, han señalado que, ante esta sentencia, pedirán medidas cautelares en el resto de causas abiertas contra la licitación de las obras y la aprobación del proyecto constructivo. La representante de la entidad Loreto Primo ha apuntado que estas otras causas están en un «momento muy inicial» y que no se había aprobado su petición de cautelares. Aunque ha reconocido que pueden tener «problemas» porque no les «consideren parte legitimada» en la licitación, ha asegurado que la plataforma va a «agotar todas las instancias» ante una «agresión tan grave para el territorio, la salud y la calidad de vida de las personas».
Igualmente, ha apelado al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que «reconsidere» si las «prisas» con las que se ha aprobado el proyecto están «justificadas» y le ha emplazado a que haga «una reflexión serena». También ha instado a que la ministra del Miteco, Teresa Ribera, «pida disculpas por un procedimiento que se ha visto que no era el adecuado». Por su parte, desde la APV han apuntado que «no consta en esta Autoridad Portuaria ninguna resolución judicial que paralice ningún trámite en marcha sobre la nueva terminal».
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