Intervención de la Guardia Civil en la residencia de mayores ilegal
Investigan en Alicante a una mujer suiza por regentar una residencia de mayores ilegal en su chalet particular
La investigada, de 70 años, está acusada por los delitos de intrusismo laboral, estafa, apropiación indebida y contra el derecho de los trabajadores
La Guardia Civil ha investigado a una mujer como presunta responsable de una residencia de mayores ilegal que operaba desde un chalet particular en la comarca de la Vega Baja del Segura, en la provincia de Alicante. Según la investigación, esta persona ejercía como gerente de esta residencia clandestina con el cuidado de casi una decena de ancianos de nacionalidad alemana.
Esta mujer, de nacionalidad suiza de 70 años, llegó a contratar irregularmente a varios trabajadores sin formación para atender a los ancianos. Los agentes de la Guardia Civil la investigan por los delitos de intrusismo laboral, estafa, apropiación indebida y contra el derecho de los trabajadores.
Además, ejercía un control total sobre las cuentas bancarias de los residentes más vulnerables, llegando a estafar 9.500 euros a alguno de ellos y transfiriendo el dinero a su cuenta personal.
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí comenzó la operación 'Geranio 24' con el fin de investigar y aclarar la actividad irregular en este chalet particular.
Intervención de la Guardia Civil en la residencia de mayores ilegal
Los guardia civiles han realizado un registro en la vivienda junto a inspectores de la Consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana en el que han localizado nueve residentes ancianos alemanes y a varios trabajadores ejerciendo ilegalmente como cuidadores. En esta inspección, se han intervenido gran cantidad de documentación para su análisis y solicitado el bloqueo judicial de las cuentas bancarias.
La gerente de la residencia ilegal está siendo investigada por los delitos de intrusismo laboral, estafa, apropiación indebida y contra el derecho de los trabajadores. El Juzgado de Instrucción nº1 de Orihuela es el encargado de llevar a cabo la investigación. La inspección de Servicios Sociales ha propuesto la apertura de un expediente sancionador, instando al cierre del negocio.
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