Una veintena de entidades sociales piden que 40.000 inmigrantes ilegales reciban ayudas de la dana

Un total de 19 entidades sociales con trabajo en la Comunidad Valenciana y en el resto de España han solicitado al Gobierno, a la Generalitat Valenciana y al Defensor del Pueblo que las ayudas destinadas a las víctimas de la dana también incluyan a los inmigrantes ilegales.

Estas entidades exponen que, actualmente, tanto las ayudas estatales como las autonómicas exigen disponer de DNI o NIE, además de otros requisitos –como contrato de trabajo o de alquiler o cuenta bancaria–, que «excluyen a las aproximadamente 40.000 vecinas y vecinos de las zonas afectadas que se encuentran en situación administrativa irregular, uno de los colectivos con mayor desprotección social».

Asimismo, insisten en reclamar la regularización por circunstancias excepcionales de todas estas personas y, mientras se atiende esta demanda, que «se adapten los procedimientos de concesión de las ayudas para que puedan acogerse las personas en situación administrativa irregular».

En concreto, han remitido un escrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, Secretaría de Estado de Trabajo, Presidencia de la Generalitat Valenciana y Defensoría del Pueblo.

En su misiva, explican que, cuando acaban de cumplirse tres meses de la tragedia provocada por la dana en Valencia, «sigue sin atenderse a uno de los colectivos que se encuentra en situación de mayor desprotección, las personas en situación administrativa irregular».

«Se estima que puede haber en torno a 40.000 personas en situación irregular en las zonas afectadas por la dana. Son personas que trabajan o trabajaban en la economía informal, y no pueden, por ello, presentar un contrato de trabajo para justificar su empleo o su despido a consecuencia de las inundaciones; no tienen un contrato de titularidad de la vivienda en la que vivían o haya quedado dañada; no tienen un documento de la titularidad del coche que puedan haber perdido o haya resultado dañado; o ni siquiera disponían de una cuenta bancaria en la que percibir los ingresos que puedan haber perdido», enumeran.

Precisamente por su situación administrativa y por no disponer de esta documentación acreditativa, «no pueden acceder a las ayudas aprobadas para las personas afectadas», remarcan.

En este contexto, las entidades que integran el Servicio para la Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) han elaborado dos informes hasta momento «denunciando esta situación y otras situaciones discriminatorias detectadas».

Añaden que el Gobierno ha anunciado que está prevista la aprobación de un paquete de medidas enfocado a la flexibilización de las renovaciones de los permisos de residencia y trabajo, pero se descarta por el momento aprobar medidas dirigidas a las personas en situación irregular, como la regularización por circunstancias excepcionales.

«Las medidas aprobadas constituyen una ayuda importante para las personas afectadas y no es posible que excluyan a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Es por ello, que reiteramos nuestro llamamiento para que, en los procedimientos de concesión de las ayudas, tanto estatales como autonómicos, se incorpore esta realidad y se adapten para que puedan acogerse las personas en situación administrativa irregular afectadas por la dana», concluyen.