El Gobierno de Sánchez rechaza dos de cada tres ayudas propuestas por Mazón para la reconstrucción de Valencia

Cinco meses después de la dana del 29 de octubre que arrasó poblaciones enteras en la provincia de Valencia, la reconstrucción avanza, pero con un obstáculo evidente: la falta de apoyo económico por parte del Gobierno central. De las 58 medidas urgentes propuestas por la Generalitat Valenciana, solo 18 han sido aceptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es decir, el 68 % de las peticiones han sido rechazadas total o parcialmente.

El dato, recogido tras varios meses de reuniones entre consejeros del Gobierno autonómico y ministros del Ejecutivo central, evidencia una colaboración que, según fuentes del Consell presidido por el 'popular' Carlos Mazón, ha resultado «claramente insuficiente» frente a la magnitud de la catástrofe. Las peticiones desestimadas afectan a ámbitos clave como la sanidad, la vivienda, los servicios sociales, las infraestructuras, la educación o la salud mental.

Las cifras son contundentes. El Gobierno ha dicho «no» a 1.134 millones de euros solicitados para equipar colegios e institutos dañados. También ha rechazado abonar los 45 millones destinados a cubrir las prestaciones por dependencia correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, incluyendo una ayuda extraordinaria por los imprevistos derivados del desastre.

En materia de atención sociosanitaria, la Generalitat propuso inversiones por 250 millones para reparar residencias, centros de día y otras infraestructuras. La respuesta fue negativa. Lo mismo ocurrió con la petición de 2,6 millones para abrir un centro de acogida temporal para personas sin hogar y con los tres millones solicitados para rehabilitar viviendas dañadas o terminar obras en inmuebles de titularidad autonómica.

Respecto a las viviendas de la Sareb, el Consell pidió acceso a 1.050 inmuebles para realojar a las familias afectadas, pero el Estado solo ha entregado 92. En transporte, la propuesta de cofinanciar la tarjeta gratuita 'Recuperem València' también fue desestimada.

En el área de infraestructuras, la situación no es mejor. Aunque el Consell está ejecutando proyectos por valor de 550 millones en carreteras, Metrovalencia, puertos, depuradoras y parques naturales, el Ministerio competente ha respondido que traslada la propuesta a Hacienda. Solo se ha comprometido verbalmente a financiar 100 millones para depuradoras. Sin plazos ni garantías.

Sanidad y salud mental, en el aire

Una de las áreas más sensibles es la salud mental. El Gobierno anunció con gran expectación el despliegue de 14 unidades de emergencia en febrero, pero a día de hoy solo se contemplan nueve, ocho para la Comunidad Valenciana y una para Castilla-La Mancha. Cuatro meses después, estas unidades siguen sin estar operativas, y el Ministerio de Sanidad no ha enviado ningún recurso específico para atender la salud mental de los afectados.

Tampoco ha habido avances en la reparación de infraestructuras sanitarias: la petición de 140 millones para centros de salud y hospitales ha sido ignorada. La misma suerte han corrido los sectores culturales afectados, que no han recibido respuesta a sus demandas.

Obstáculos fiscales y financieros

Los de Mazón critican duramente la «falta de colaboración» en materia fiscal. El Ejecutivo ha rechazado exonerar del IBI de 2025 a los inmuebles dañados por la riada, así como reducir el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para empresas realojadas o afectadas por cierres. Además, ha condicionado cualquier ayuda directa a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, obligando al Consell a endeudarse en casi 4.000 millones de euros adicionales.

Tampoco ha habido avances en cuanto a flexibilizar el uso de fondos europeos. La Generalitat solicitó usar recursos MRR, FEDER y FSE para atender la emergencia, pero no ha obtenido autorización.

En paralelo, la negativa a conceder un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario ha supuesto la pérdida de 3.000 millones para la Comunidad Valenciana. Y la falta de actualización en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica está costando 200 millones al mes a los valencianos. Recursos «vitales» para mantener colegios, hospitales e infraestructuras básicas, según apuntas fuentes cercanas al Gobierno valenciano.

28 municipios excluidos

Un punto especialmente polémico ha sido la exclusión de 28 municipios, que suman más de 80.000 habitantes, del plan estatal de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales. Carcargente, Chulilla, Tous, Titaguas, Jaraco o Benaguasil, entre otros, han quedado fuera pese a los daños sufridos. El Consell lo califica de «injusto» y reclama una corrección inmediata.

Todo esto se produce en un contexto de «clara desventaja financiera» para la Comunidad Valenciana. Con un presupuesto de 32.300 millones frente a los 386.000 del Estado, y siendo la región peor financiada de España, el esfuerzo que está realizando el Gobierno autonómico para afrontar la reconstrucción es, según sus responsables, «muy superior al del Ejecutivo central».

Desde el Consell se insiste en que «la colaboración institucional es clave» para una reconstrucción rápida y justa, pero denuncian que, hasta ahora, esa cooperación ha sido más retórica que real. Sin inversión directa, sin ayudas a fondo perdido y con promesas sin concretar, las familias y empresas afectadas siguen esperando respuestas.