El plan de PP y Vox contra la okupación en la Comunidad Valenciana: oficinas, desalojo rápido y asesoría legal

El Partido Popular y Vox han puesto en marcha un plan conjunto para combatir la okupación ilegal de viviendas en la Comunidad Valenciana. La estrategia incluye la apertura de oficinas municipales especializadas, asistencia jurídica gratuita, coordinación con cuerpos policiales y campañas informativas. Alicante fue la ciudad pionera: en noviembre de 2024 inauguró su primera Oficina contra la ocupación ilegal, un compromiso adquirido por el PP tras un acuerdo presupuestario con Vox.

Ubicada en la Jefatura de la Policía Local, esta agencia funciona las 24 horas y está atendida por agentes y personal auxiliar. Entre sus funciones destacan la asesoría legal, la elaboración de un registro de viviendas okupadas, la coordinación con la Policía Nacional en las primeras 24 horas tras una okupación y la agilización de los trámites judiciales cuando la intervención policial ya no es posible. El alcalde, Luis Barcala, justificó la medida como una defensa «del legítimo derecho a la propiedad» y anunció futuras campañas informativas para que los ciudadanos conozcan sus derechos y vías de actuación.

La fórmula se ha replicado ahora en Valencia, donde el Ayuntamiento, dirigido por la 'popular' María José Catalá, ha anunciado la apertura inminente de su propia Oficina Antiokupas. Esta nueva entidad también dependerá de la Policía Local y contará con un equipo técnico-jurídico especializado. Su objetivo es doble: asistir legalmente a los propietarios y coordinar acciones para acelerar los desalojos, en un contexto donde las intervenciones por okupación siguen creciendo. Solo en 2024, la Policía Local de Valencia actuó en 810 casos; en lo que va de 2025 ya se han registrado 144.

Herramienta tecnológica pionera

Además de la oficina, el Consistorio valenciano ha lanzado una herramienta tecnológica pionera junto a la empresa Emivasa. Se trata de un sistema de detección de consumo de agua en tiempo real, que alerta a los propietarios de viviendas vacías si se detecta uso no autorizado, permitiendo intervenir antes de que se consolide la okupación. Este sistema, accesible desde una web y próximamente desde una app, también sirve para detectar posibles situaciones de riesgo entre personas mayores que viven solas.

A nivel autonómico, el Gobierno de Carlos Mazón también ha puesto en marcha una Oficina de Atención a las Víctimas de la Okupación, bajo la dirección de la vicepresidenta Susana Camarero. El servicio, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda, contará con una línea telefónica para activar a la Policía Local en las primeras 24 horas, prohibirá el empadronamiento de okupas y firmará convenios con colegios de abogados para acelerar los procedimientos judiciales. Camarero alertó de que cerca del 10 % del parque público de vivienda en la Comunidad Valenciana se encuentra en situación irregular.

Vox ha promovido todas estas medidas y ha anunciado que presentará una enmienda a los presupuestos del Ejecutivo valenciano para 2025 con el fin de crear una oficina antiokupación a nivel autonómico, siguiendo el modelo municipal de Alicante y Valencia.

El PP y Vox cumplen así con uno de los compromisos recogidos en su pacto de inicio de legislatura, concretamente en el punto 47. Para ambos partidos, se trata de responder a una de las preocupaciones sociales más extendidas: la protección del derecho a la propiedad frente a la okupación ilegal. Con oficinas operativas en Alicante, en proceso de apertura en Valencia, y con una nueva red autonómica en camino, la Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza de las iniciativas institucionales para combatir este fenómeno.