La Generalitat Valenciana activa su plan para simplificar servicios frente a la «grasa» administrativa de Ximo Puig

La Ley de Simplificación Administrativa y su decreto de desarrollo representan un hito en el proceso de modernización de la administración valenciana. Lejos de ser una reforma meramente tecnológica, se trata de una transformación estructural y jurídica que redefine la forma en que los ciudadanos, las empresas y los propios empleados públicos se relacionan con la Generalitat. La apuesta por la digitalización, la eficiencia y la calidad normativa posiciona a la Comunidad Valenciana a la vanguardia de la administración pública del siglo XXI.

Se trata de la Ley 6/2024, de Simplificación Administrativa, una ley que busca hacer más sencillos y rápidos los trámites con la administración autonómica, tanto para particulares como para empresas.

El 15 de abril de 2025, el Consejo aprobó el decreto que desarrolla esta ley, lo que marca la entrada en vigor de su aplicación práctica. Así lo recoge la nota de prensa oficial publicada en la web de la Generalitat Valenciana. La ley ya había sido aprobada en diciembre de 2024, pero ahora cuenta con un reglamento que concreta cómo deben aplicarse sus medidas en el día a día de la administración.

Transformación digital

El objetivo principal de esta normativa es reducir los trámites innecesarios, eliminar duplicidades y acortar los tiempos de espera en cualquier gestión. En otras palabras, hacer más fácil la vida de quien necesita hacer un trámite con la Generalitat Valenciana.

Además de simplificar procedimientos, la ley impulsa la transformación digital de la administración pública valenciana. Esto significa que se apostará de forma decidida por las gestiones electrónicas, eliminando el papel en muchos casos y permitiendo que se pueda acceder a los servicios públicos desde el ordenador o el móvil.

Según explicó el director general de Simplificación Administrativa, Francisco Ortega, el objetivo es lograr una organización «más ágil, cercana y eficiente».

El desarrollo reglamentario aprobado por el Consejo especifica varios avances importantes:

Se establecen plataformas digitales de atención como la Sede Electrónica de la Generalitat (sede PROP), la Carpeta Ciudadana, y el Canal Empresa.Se crea un Tablón Electrónico Único de Anuncios, donde se publicarán notificaciones oficiales. Se promueve el uso de la inteligencia artificial y herramientas de automatización para mejorar la eficiencia y evitar errores en los trámites.Se desarrolla un sistema único de archivo electrónico para gestionar todos los documentos oficiales de forma digital. Se organiza un nuevo modelo de gestión de datos, tratándolos como un «activo digital» que se pueda reutilizar con seguridad y transparencia.

Otra medida destacada es la obligación de que los responsables de diseñar ayudas y subvenciones revisen sus requisitos para hacerlos más sencillos. También se amplía el número de colectivos que deberán usar de manera imprescindible los medios electrónicos para comunicarse con la administración, aunque siempre se respetarán los derechos de las personas que necesiten atención presencial.

Conviene aclarar que la ley ya está en vigor. Fue aprobada el 5 de diciembre de 2024 como Ley 6/2024, y su aplicación se refuerza ahora con el decreto publicado por el Consejo hace apenas unos días. Este decreto concreta y pone en marcha muchas de las medidas previstas en el texto legal.

El origen de esta norma está en el Decreto-ley 7/2024, de 9 de julio, que fue convalidado por Las Cortes Valencianas y tramitado como proyecto de ley. A lo largo de 123 artículos distribuidos en 11 títulos, la ley abarca desde la administración local hasta materias como sanidad, educación, medio ambiente o digitalización.

Durante su fase de elaboración, la Generalitat abrió un proceso de consulta pública, donde cualquier ciudadano pudo enviar propuestas y comentarios a través del portal GVA Participa. Esta fase concluyó en octubre de 2024, y forma parte del compromiso con la transparencia institucional.

La Generalitat espera que esta ley marque un antes y un después en la relación entre la administración y la ciudadanía. No solo se trata de reducir tiempos y trámites, sino de construir una administración más moderna, accesible y centrada en las necesidades reales de la sociedad valenciana.