David Muñoz, portavoz adjunto de Vox en las Cortes Valencianas
Vox pide a Sánchez que cumpla su acuerdo con Marruecos para repatriar a los menores no acompañados a su país de origen
En seis años la entrada masiva de inmigrantes ilegales en España asciende a más de 330.000
El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes Valencianas ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de España a cumplir el acuerdo entre España y Marruecos hecho en Rabat en 2007, cuyo objetivo es facilitar el retorno de todos los Menores Extranjeros No Acompañados (menas) a sus países de origen.
Esta iniciativa parlamentaria también exige que se modifique la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para que se endurezcan las condiciones de arraigo y evitar las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, David Muñoz, ha afirmado que «la inmigración ilegal es uno de los principales problemas de los españoles y, conforme se detalla en el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2023, en España es catalogada como el tercer mayor riesgo para la Seguridad Nacional. Cabe destacar que, los datos que provienen del Ministerio de Interior no incluyen las entradas fraudulentas que se realizan a través de las fronteras. Por tanto, los datos reales son muy superiores».
«Son precisamente los ciudadanos de a pie los que sufren consecuencias directas de la inmigración ilegal y de la política de puertas abiertas que promueve Sánchez, tales como el aumento de la criminalidad año tras año o la llegada masiva de inmigrantes ilegales. De hecho, entre 2018 y 2024 su entrada por vía marítima y terrestre en España asciende a más de 330.000.»
El último balance de criminalidad del último trimestre de 2025 detalla que la criminalidad en la Comunidad Valenciana ha aumentado en casi un 44 %, lo que denota un problema serio de inseguridad ciudadana, relacionado con el aumento de la inmigración irregular. Además, los delitos contra la libertad sexual han aumentado casi un 11 % en Valencia y casi un 13 % en Castellón respecto al mismo periodo en 2024.
La PNL pide por tanto que se modifique el artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y el artículo 89 del Código Penal, para facilitar la expulsión de España de aquellos inmigrantes que hayan sido condenados con penas de prisión. Además de aumentar los controles e implementar un protocolo de control rígido.
Los de Abascal exigen que se rechace cualquier regularización masiva de inmigrantes ilegales; piden al Gobierno de España la inmediata expulsión de todos los que se encuentren en nuestro país y que se declare a la Comunidad Valenciana como región que no apoya a las asociaciones y ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal.
Cabe recordar que Vox ha conseguido que en la Comunidad Valenciana se realicen pruebas periciales a los menas para determinar su edad exacta. Por tanto, frente a la promoción de inmigración ilegal por parte del Gobierno de Sánchez, debemos de lanzar un mensaje claro: ninguno conseguirá regularizar su situación en España si ha entrado de forma ilegal.