La jueza de la dana vuelve a rechazar elevar la causa al TSJ valenciano para imputar a Mazón

La derivada judicial por la gestión política e institucional de la dana del pasado 29 de octubre sigue su procedimiento y la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) va sumando autos a la causa, que ya cuenta con numerosos en los pocos meses de instrucción. Los de este lunes no son baladí, ya que entre los siete que ha emitido, hay varias decisiones importantes.

Una es que rechaza de nuevo elevar el sumario al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de cara a una posible imputación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En este sentido, también deniega llamar a declarar a Maribel Vilaplana, la periodista con la que el jefe del Consell comió el día de la dana.

La magistrada también nombra a dos pesos pesados de la Administración central. Uno es el de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, de quien descarta elevar su condición de testigo a la de investigada, tal como había solicitado una acusación popular.

El segundo es el de quien fuera secretario de Estado de Seguridad en el momento en que se produjo la tragedia, Rafael Pérez, recientemente dimitido como número dos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sobre éste, aclara que citarle como testigo se aleja «radicalmente de lo que es objeto de la investigación, y como se ha expresado anteriormente, solo podría entenderse dicha testifical si se estimara que el testigo disponía de una información de la que se carecía en el Cecopi, una suerte de información clasificada manejada por el Gobierno de la Nación».

En otros autos, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha requerido al Centro de Coordinación de Emergencias, a través de un oficio a la Guardia Civil, para que entregue una copia de todos los informes de seguimiento que fueron remitidos a los miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) desde la Sala de Mando y Control de Emergencias el día de la riada antes de las 17:00 horas. En su escrito, especifica que se ha de indicar a qué hora se envían y reciben y quiénes son sus destinatarios.

Medidas de prevención y alerta

Según consta en el documento, dichos informes de seguimiento constan archivados en el Sistema de Información Corporativa (SIC de Emergencias), que no integrado en el Coorcom, y pide la copia de las distintas actualizaciones de los informes de seguimiento, detallando la certificación del momento de envío y recepción por parte de sus destinatarios.

Asimismo, la jueza reclama una copia de los correos electrónicos enviados por el exsecretario autonómico investigado, Emilio Argüeso, a miembros del Cecopi antes de la celebración de la reunión de las 17:00 horas. Igualmente, solicita a la Benemérita que detalle qué altos cargos y técnicos de la Generalitat Valenciana que forman parte del Grupo Permanente recibieron los avisos de SMS que desde la Sala de Mando se remitieron el día 29 de octubre, así como una copia de los SMS remitidos a ese grupo entre las 7:00 y las 24:00 horas de la fatídica jornada. En este sentido, la instructora también pide quiere conocer las contestaciones a los mensajes por los integrantes del Grupo Permanente y la identidad de las personas que elaboran los informes complementarios.

En el citado auto, requiere al Centro de Coordinación de Emergencias, que mande una copia de toda la documentación, manuales, informes de seguimiento, de operativa y de medidas de prevención y alerta de la emergencia por lluvias en general, y de la alerta hidrológica, en particular, que fueron elaborados desde el día 24 de octubre, momento en el que fue emitido el primer aviso de la Aemet alertando sobre la formación de la dana en los días siguientes, hasta el día 29 de octubre a las 24:00 horas. Todos ellos están archivados en el Sistema de Información Corporativa SIC de Emergencias, con certificado de la fecha y hora en que fueron creados.

Identificación de altos cargos

La magistrada señala que todos estos elementos que se solicitan «parten en primer lugar de los informes de seguimiento, que no son sino documentos de carácter administrativo que fueron remitidos en el ámbito de la gestión de la emergencia». Por tanto, se convierten «no en comunicaciones privadas entre particulares, sino en informes administrativos con destino a cargos públicos integrantes de una reunión, que ejercía funciones de carácter legal y administrativo, al amparo de la normativa estatutaria y legal en la gestión de la emergencia y protección civil».

Por tanto, explica que no es de aplicación la normativa relativa al secreto de las comunicaciones telefónicas, derecho fundamental que está garantizado en el artículo 18.3 de la Constitución Española, y añade además que Argüeso ha manifestado su conformidad con su incorporación. En esta línea, indica que no se encuentran «amparados por el secreto de las comunicaciones, ni por su objeto ni por su destinatario ( no se trata de injerencias en la vida privada)».

En consecuencia, procede la íntegra aceptación, como prueba, de esas comunicaciones oficiales que se produjeron en el ámbito del Cecopi, «obteniendo los informes, copias de correos electrónicos, la identificación de los altos cargos y técnicos de la Generalitat Valenciana que formaron parte del grupo permanente, y la copias de los SMS remitidos».