Imagen de archivo del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Carmen RobledilloAyuntamiento de Alicante

PP y Vox declaran Alicante ciudad castellanohablante y acaban con 40 años de imposición lingüística del PSOE

Los dos partidos que suman la mayoría en el Ayuntamiento alicantina pactan reclamar la reforma de la Ley de Uso del Valenciano aprobada por los socialistas tras constatar que la lengua autonómica es residual en la ciudad

El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el Partido Popular con el apoyo de Vox, ha acordado declarar la ciudad como municipio de predominio lingüístico castellano, poniendo fin a más de 40 años de imposición del valenciano derivada de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano aprobada en 1983 por el gobierno socialista de Joan Lerma.

El cambio se enmarca dentro del acuerdo político alcanzado por ambos grupos para sacar adelante el Plan Económico Financiero del Consistorio, que será votado el próximo 26 de junio. Entre los puntos del pacto figura una declaración institucional que instará a las Cortes Valencianas a modificar la citada ley para reclasificar Alicante como ciudad castellanohablante, excluyéndola del listado de municipios de predominio valenciano.

Una ley que nunca reflejó la realidad

Desde Vox denuncian que la actual clasificación de Alicante como zona de predominio lingüístico valenciano «no responde a la realidad social ni lingüística» del municipio. Así lo evidencian datos de la encuesta realizada en 2021 por la propia Generalitat Valenciana, bajo el mandato del entonces presidente socialista Ximo Puig y con Compromís al frente de la Consejería de Cultura. En ese sondeo, se recoge que más del 70 % de los ciudadanos de Alicante usa el castellano en su vida cotidiana -en el trabajo, con amigos o en espacios públicos-. Solo un 7,5 % declaró usar el valenciano en casa y apenas un 4 % lo emplea en conversaciones con amistades.

A la luz de estos datos, el grupo municipal de Vox ha defendido que mantener a Alicante en el listado de municipios de predominio valenciano supone una vulneración del principio de adecuación sociolingüística recogido en la propia Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. «Presentamos esta declaración institucional para defender los derechos y libertades de los alicantinos en materia educativa y el español como lengua predominante en el término municipal de Alicante», afirma la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, en el texto registrado en el Ayuntamiento.

La propuesta busca modificar el artículo 35 de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano para eliminar a Alicante del grupo de municipios con predominio valenciano, y trasladarla al artículo 36, donde figuran los municipios reconocidos como de predominio castellano.

Una imposición con origen político

La Ley 4/1983 fue aprobada por las Cortes Valencianas en tiempos del Gobierno autonómico del PSOE con el respaldo del Partido Comunista. Desde entonces, ha servido de base para extender el uso del valenciano en la Administración, en los centros educativos y en los medios públicos, incluso en ciudades como Alicante donde la lengua apenas tiene presencia social real.

La aprobación de esta declaración institucional representa, según la moción de Vox, un acto de «adecuación a la realidad sociolingüística» y un paso hacia el respeto a la lengua habitual de los alicantinos. Para PP y Vox, no se trata de eliminar derechos, sino de corregir un desequilibrio arrastrado durante décadas y que no se corresponde con el uso lingüístico real en las calles, comercios, hogares y entornos laborales de la ciudad.

Aprobación por Las Cortes

El Ayuntamiento no tiene competencia para modificar la ley autonómica, pero sí para solicitar su reforma. Si la moción es aprobada en el Pleno del 26 de junio, el Consistorio elevará la propuesta a las Cortes Valencianas y a los portavoces parlamentarios. Será el Parlamento autonómico quien decida si modifica la norma para adaptar el mapa lingüístico a la realidad de la sociedad alicantina.

El paso dado por Alicante podría sentar un precedente para otros municipios con situación sociolingüística similar, donde el uso del valenciano es minoritario, pero que continúan clasificados como zonas de imposición normativa. Vox ya ha advertido de que esta es «una batalla cultural clave» en la defensa del español como lengua común y mayoritaria en gran parte de los municipios de la Comunidad Valenciana.