Una entidad subvencionada por el PSOE denuncia a los comercios, bares y hoteles que atienden en español en Valencia

Una entidad subvencionada por gobiernos del PSOE ha puesto en marcha una campaña para denunciar a los comercios y bares que atienden en español en Valencia. La Plataforma per la Llengua, autoproclamada como la «ONG del catalán» ha puesto en marcha una campaña dirigida a señalar a los establecimientos que atienden a sus clientes en castellano.

De acuerdo con los datos del Portal de Transparencia de la Plataforma per la Llengua del ‘país valencià’, consultados por El Debate, en el último año completo del Gobierno del socialista Ximo Puig en coalición con Compromís y Podemos, la organización que impulsa la inmersión lingüística, al más puro estilo del independentismo catalán, percibió subvenciones por importe de más de 97.000 euros de la Generalitat Valenciana. El exalcalde Valencia, el manresano Joan Ribó, de Compromís, consignó 25.000 euros a la Plataforma per la Llengua a modo de despedida.

El Gobierno balear, en el ejercicio final de hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, aportó una cifra cercana a los 23.000 euros, mientras que la Generalitat de Cataluña, hoy presidida por el socialista Salvador Illa, se fue por encima de los 640.000, siempre según el balance oficial difundido por la Plataforma de la Llengua en su propia página web oficial.

Ley de Señas de Identidad Valencianas

Conforme ha venido informado El Debate, el Gobierno presidido por Carlos Mazón tiene el objetivo de aprobar una Ley de Señas de Identidad con el respaldo parlamentario del PP y de Vox. La nueva norma prohibirá la concesión de subvenciones a entidades que, como la Plataforma per la Llengua, utilicen el término 'país valencià' en vez del oficial de Comunitat Valenciana consagrado en el Estatuto de Autonomía.

La Plaforma per la Llengua, subvencionada también por la Generalitat de Cataluña y por diputaciones provinciales del Principado, ha editado una «Guía de autodefensa de los derechos lingüísticos». El documento contiene un formulario para remitir denuncias de «casos de discriminación lingüística» de locales comerciales que atienden en castellano en la tercera capital de España.

Un ejemplo de la «catalanización» de parte de la sociedad valenciana se produjo, conforme relató El Debate, un bar de la localidad de Burjassot, donde un cliente que acudió a desayunar se marchó sin tomar nada porque la camarera le habló en castellano, tras lo que se despachó con una reseña demoledora contra el establecimiento.

La Plataforma per la Llengua hace referencia en su guía al Estatuto de Consumidores y Usuarios, modificado bajo el mandato del socialista Ximo Puig, que garantiza el «derecho a ser atendido en valencia», aunque se trate de establecimientos privados.

Al respecto, insta a denunciar los casos de «discriminación» a través de los formularios de la propia Generalitat Valenciana tanto si se trata de locales «relacionados con el turismo o la restauración» o «cualquier otro tipo de establecimiento», previa notificación a la Plataforma per la Llengua para que la «ONG del catalá» puede realizar el «el seguimiento de la denuncia» y prestar «asesoramiento a los afectados».

Establecimientos señalados por usar el español

La entidad también plantea la posibilidad de presentar las denuncias y registrar las reclamaciones en el cerca de un centenar de Oficinas de Información al Consumidor (OMIC) dependientes de la Generalitat repartidas por toda la Comunidad Valenciana.

La organización nutrida de fondos públicos sostiene que la lengua autóctona se emplea hasta tres veces menos en la actividad comercial, lo que justifica para «señalar» aquellos establecimientos que utilizan de forma habitual el español para dirigirse a sus clientes.