Farmacias rurales en peligro de extinción: los impagos ponen en riesgo la dispensación de medicamentos en 34 municipios valencianos

Las farmacias rurales de la Comunidad Valenciana están al borde del colapso. Los impagos de la Generalitat ponen en riesgo la única asistencia sanitaria disponible en decenas de municipios pequeños, donde las oficinas de farmacia no solo dispensan medicamentos, sino que representan el único punto de atención y consejo sanitario para personas mayores, enfermos crónicos y vecinos sin recursos. En la provincia de Castellón hay 34 farmacias catalogadas en Viabilidad Económica Comprometida (VEC), que dependen en un 90 % de estos pagos públicos para poder sobrevivir.

El Debate se ha puesto en contacto con varias oficinas de farmacia de pequeños pueblos de la provincia de Castellón. «El mes de mayo nos lo han pagado, pero no sabemos qué va a pasar junio, julio, agosto y septiembre», explica Borja Castro, titular de la única farmacia en Caudiel. «El 90% de nuestros clientes no pagan las medicinas. No entra dinero». Su farmacia, adquirida hace apenas tres meses, se enfrenta a la incertidumbre total en un entorno en el que cerrar la farmacia sería sinónimo de dejar a todo el pueblo sin acceso a la sanidad.

La situación de Borja no es un caso aislado. En decenas de pequeños municipios de Castellón y Valencia, la única farmacia abierta en el pueblo corre el riesgo de desaparecer si el conflicto político y financiero entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central se prolonga. «Siempre se paga a mes vencido, pero ahora nadie nos asegura qué pasará con los próximos meses», lamenta Castro, que se hizo cargo de la farmacia de Caudiel sin imaginar que se enfrentaría a esta tormenta económica.

Las farmacias rurales dependen casi exclusivamente de los pagos públicos, ya que en muchos de estos pueblos la población es mayor y los medicamentos se dispensan a través del sistema público sin apenas ingresos directos. «No entra dinero. Y aquí, si no cobramos, el servicio se para. No podemos adelantarlo eternamente», resume Castro. En la provincia de Castellón hay 34 farmacias catalogadas en Viabilidad Económica Comprometida (VEC), que dependen en un 90% de estos pagos públicos para poder sobrevivir. La falta de liquidez o un retraso prolongado podría abocarlas al cierre definitivo, dejando a muchas localidades sin acceso a medicamentos ni a ningún tipo de asistencia sanitaria presencial.

Igual esto tiene que ver con el pulso político que hay entre Mazón y SánchezBorja CastroTitular de la Oficina de Farmacia de Caudiel

El caso de Caudiel se replica en localidades como Santa Magdalena de Pulpis, Pedralba, Pavías o Zucaina, donde los farmacéuticos son, en la práctica, la única asistencia sanitaria estable. Si cierran o limitan su servicio, los vecinos quedarían desatendidos, en especial los pacientes crónicos, dependientes y mayores que no pueden desplazarse a otros núcleos urbanos. La preocupación crece ante el temor de que el enfrentamiento político entre el Consell de Carlos Mazón y el Gobierno de Pedro Sánchez acabe dejando a estos pueblos en una situación de abandono sanitario.

«Igual esto tiene que ver con el pulso político que hay entre Mazón y Sánchez», apunta Borja, reflejando la frustración generalizada del sector, que percibe que una vez más son los profesionales y los ciudadanos de a pie quienes pagan las consecuencias de las disputas entre administraciones.

La Conselleria de Sanidad asegura haber enviado un comunicado a todas las farmacias comunitarias informando de la situación y garantizando que el pago regular se establecerá a finales de julio. Sin embargo, en Caudiel, Castro niega haber recibido aviso alguno. «A nosotros no nos ha llegado nada. Nadie nos ha llamado, ni nos ha enviado una carta o un correo. Nos enteramos por los medios y por el boca a boca entre compañeros. Es indignante», denuncia.

La desinformación y la falta de contacto directo con la Conselleria se repiten en otros pueblos. En Santa Magdalena de Pulpis, Carmen Ramos, titular de la única farmacia del municipio, asegura a El Debate que tampoco ha recibido ningún mensaje oficial. «A mí no me ha llegado nada. Nadie se ha puesto en contacto conmigo. ¿Cuántos meses podemos aguantar así?», se pregunta con resignación. El Debate se ha puesto en contacto con la Conselleria de Sanidad para recabar su versión, pero no ha obtenido respuesta. La farmacéutica explica que, aunque las farmacias deben seguir atendiendo y comprando medicamentos con recursos propios, llegará un momento en el que será inviable mantener el suministro.

Mucha gente mayor no se puede desplazar. Si cerramos, se quedan sin nada. ¿Cuánto tiempo será? Pues no lo sé, pero pinta largoCarmen RamosTitular de la Oficina de Farmacia en Santa Magdalena de Pulpis

«Nosotros tenemos que seguir comprando de nuestro dinero para atender a los pacientes, pero llegará el momento en el que no podremos hacerlo. Y como esto siga así, tampoco podrán pagarse los medicamentos hospitalarios», advierte. La situación le recuerda a lo ocurrido en 2011, cuando muchas oficinas de farmacia cerraron por impagos prolongados. «Mucha gente mayor no se puede desplazar. Si cerramos, se quedan sin nada. ¿Cuánto tiempo será? Pues no lo sé, pero pinta largo», reconoce con preocupación.

Ante el bloqueo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, la Generalitat Valenciana ha solicitado autorización al Gobierno central para poder suscribir un préstamo por valor de 1.816 millones de euros. El objetivo es poder abonar no solo las facturas pendientes de las farmacias, sino también los pagos a otros proveedores sanitarios y de servicios públicos antes de que finalice el mes de julio.

Sobre el préstamo anunciado por la Generalitat, Carmen se muestra escéptica. «El préstamo está bien, pero solo soluciona julio. ¿Y agosto? ¿Pedirán otro préstamo?». Su visión resume el sentir de buena parte del sector: alivio momentáneo, pero sin confianza en que se trate de una solución definitiva.

Este plan de choque, que se plantea como una solución de emergencia, permitiría inyectar liquidez en el sistema mientras se resuelve el pulso político con el Ejecutivo central. Sin embargo, el préstamo, que aún está pendiente de aprobación, no garantiza una solución estructural ni la tranquilidad a largo plazo para las farmacias rurales. La paradoja es que la cantidad solicitada, 1.816 millones, es prácticamente la misma que corresponde a la Comunidad Valenciana del FLA extraordinario bloqueado, cifrado en torno a los 1.900 millones de euros.

Es todo demasiado politiqueo. Solo hacen que pasarse la pelota unos a otros y al final nadie asume la responsabilidadCarmen RamosTitular de la Oficina de Farmacia en Santa Magdalena de Pulpis

Mientras tanto, en Castellón, las farmacias han logrado cobrar la factura del mes de mayo gracias a una medida impulsada por el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos (ICOF), que ha facilitado el uso de una herramienta de factoring. Este mecanismo financiero ha permitido a los farmacéuticos anticipar el cobro de sus facturas a través de entidades bancarias, evitando así el colapso inmediato. No obstante, se trata de una solución temporal y con coste, que no resuelve el problema de fondo y que no todas las farmacias pueden asumir.

Carmen Ramos denuncia que, como siempre, los farmacéuticos son los primeros en pagar las consecuencias. «Nosotros siempre pagamos el pato. Las medidas que se tendrían que tomar deberían venir más bien por parte de los pacientes, porque como esto siga así, tendremos que dejar de comprar ciertos medicamentos y los pacientes dejarán de recibir su medicación». La farmacéutica lamenta el juego político que rodea esta situación: «Es todo demasiado politiqueo. Solo hacen que pasarse la pelota unos a otros y al final nadie asume la responsabilidad».

Las farmacias rurales de la Comunidad Valenciana se encuentran así en una encrucijada: seguir adelante sin garantías de cobro o empezar a plantearse recortes en la dispensación de medicamentos. Mientras tanto, los pueblos más pequeños, con poblaciones envejecidas y sin servicios sanitarios alternativos, observan con miedo la posibilidad de quedarse sin la única asistencia sanitaria que les queda.