Hablamos Español reclama medidas urgentes para alumnos excluidos de la línea en castellano en un colegio de Valencia

La asociación Hablamos Español ha solicitado a la Consejería de Educación valenciana que adopte medidas urgentes para garantizar que dos alumnos del colegio Ave María, en el barrio de Peña Roja (Valencia), puedan estudiar con el castellano como lengua base, tal como eligieron sus familias en la consulta lingüística oficial. El caso, según afirma la entidad, no es aislado y refleja un problema que está afectando a más niños en otros centros de la Comunidad.

En su petición, la entidad reclama que se apliquen soluciones concretas para los dos menores afectados, y que estas medidas se extiendan al resto de alumnado que ha quedado fuera de la línea en castellano en situaciones similares. «Estas medidas paliativas pedimos que se extiendan a los demás niños de la comunidad que no han logrado plaza en la línea con más asignaturas en español, que son muchos, a juzgar por la cantidad de quejas que hemos recibido en las últimas semanas», señala la asociación.

Los dos casos detectados en el colegio Ave María son consecuencia directa de la aplicación de la Orden 2/2025, que regula la consulta lingüística a las familias para el curso escolar 2025-2026. En este centro, 28 familias votaron por el castellano, frente a 12 que eligieron el valenciano, y diez no participaron. A pesar de esa mayoría clara -un 70 % de los votos emitidos-, se crearon dos líneas, una por cada lengua, ya que la normativa establece que si no se supera el 75 % se deben ofrecer ambas opciones. Las abstenciones se contabilizaron en el bloque minoritario, lo que terminó afectando al reparto de plazas.

Al no haber suficientes puestos en la línea en castellano para atender toda la demanda, se realizó un desempate. Los dos niños representados por Hablamos Español quedaron fuera por no tener hermanos en el centro o por ser nuevas incorporaciones, criterios que reducen su puntuación en el proceso de admisión. Según la asociación, «se les ha asignado ser escolarizados en la línea con el valenciano como lengua base, algo que las familias consideran lesivo para su formación, dado que no es la lengua elegida por ellos y que el español es una lengua con más poder de comunicación y hablantes».

Uno de estos alumnos es el protagonista del caso publicado por El Debate, que denunció la situación de un menor de origen bielorruso que será escolarizado en valenciano a pesar de que su familia votó por el castellano y de que el niño no domina ninguna de las dos lenguas oficiales.

Medidas que no se aplican

La Ley 1/2024 de la Generalitat Valenciana establece que, cuando haya demanda suficiente para constituir un grupo en una lengua cooficial y no existan plazas, la Administración debe actuar para garantizar esa opción. La normativa prevé medidas como habilitar nuevas unidades, desdoblar grupos o reorganizar recursos para respetar la elección lingüística de las familias.

Desde Hablamos Español recuerdan que la ley está para cumplirse, y que la demanda de plazas en castellano en este centro fue clara. Por eso, reclaman a la Consejería de Educación que se amplíe la ratio del grupo en español para incluir a los alumnos excluidos. Si no es posible, piden que se desdoble el grupo. También proponen que los niños que han quedado fuera puedan utilizar material didáctico en la lengua común y recibir los enunciados de las pruebas evaluables en esa lengua, tal como se permite a otros perfiles del alumnado con necesidades específicas.

Otro caso por un error administrativo

La asociación también ha detectado otro caso en el mismo centro: una niña de Educación Infantil será escolarizada en valenciano durante ocho años por un error administrativo al registrar la votación familiar. El centro, según denuncian, no cotejó correctamente el formulario y asignó a la menor a una línea que no corresponde con la opción de sus tutores legales. «Lo que le impedirá adquirir algo tan importante como la lectoescritura en lengua materna», advierte Hablamos Español.

Con estos casos, la asociación pone en duda la aplicación práctica de la Ley de Libertad Educativa, aprobada con el objetivo de respetar la voluntad de las familias. Según denuncia, el nuevo sistema no está garantizando ese derecho y, en su lugar, está generando situaciones que obligan a los niños a estudiar en una lengua distinta a la elegida, incluso cuando existe mayoría a favor de una opción concreta.

«La voluntad de las familias no puede quedar en papel mojado», afirman desde la entidad. Y subrayan que no se trata solo de aplicar una norma, sino de proteger el derecho de los alumnos a recibir su educación en la lengua que sus familias han escogido.