Los 55 «noes» de Pedro Sánchez a Carlos Mazón

Pedro Sánchez ha dicho «no» a la Comunidad Valenciana en 55 ocasiones. Un rosario de negativas, silencios, aplazamientos y desaires que no solo evidencian la falta de sintonía entre el Gobierno central y la Generalitat, sino que marcan una línea de desconexión política e institucional que ya se ha hecho insostenible. La cifra no es simbólica: recoge propuestas denegadas, reuniones solicitadas sin respuesta, escritos oficiales ignorados y medidas de apoyo tras la catástrofe de la dana, desatendidas una tras otra.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha intentado durante meses activar canales de interlocución con Moncloa sin obtener resultados. En todos los frentes -financiero, sanitario, agrícola, judicial, infraestructural- la respuesta ha sido la misma: ninguna.

El 9 de abril, Mazón envió una carta formal a Pedro Sánchez solicitando con «urgente necesidad» una reunión para constituir una comisión mixta de reconstrucción entre la Administración autonómica y el Gobierno central, ante la magnitud de los daños provocados por la dana del 29 de octubre. Han pasado más de tres meses y la carta sigue sin respuesta. Mientras tanto, Sánchez sí ha recibido al presidente catalán Salvador Illa.

En la misiva, Mazón apelaba a «una sola voluntad y una sola voz» para abordar una recuperación sin precedentes. Pero esa voluntad por parte del Gobierno central no ha existido, ni entonces ni ahora. Ni hay comisión, ni hay fecha, ni hay diálogo.

Financiación bloqueada

La Generalitat se encuentra además con un obstáculo mayor: la negativa del Ejecutivo a activar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario. Este mecanismo, que durante 12 años ha sido una herramienta habitual de financiación para las comunidades, ha sido vetado por primera vez. El golpe es directo: la Administración autonómica no puede afrontar pagos básicos como el abono a farmacias.

Mazón ha anunciado un plan de ajuste inminente. «Nuestro enemigo es el gasto superfluo, no el gasto social», afirmó, asegurando que el Consell priorizará el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Pero sin recursos extraordinarios, la situación financiera de la Comunidad Valenciana se agrava.

La consejera de Hacienda, Ruth Merino, ha advertido que el sistema de financiación actual -el más desfavorable de España-, unido a la falta del FLA, impide que la Generalitat acuda a los mercados. Mientras tanto, el Gobierno central se muestra dispuesto a abrir la puerta a un modelo de financiación singular para Cataluña, lo que para el Consell evidencia un doble rasero basado en intereses partidistas.

Desplantes en cadena

El catálogo de negativas incluye medidas urgentes para la reconstrucción tras la dana, como ayudas directas a pymes y autónomos, reasignación de fondos europeos, exenciones fiscales, inversiones hidráulicas y mejoras en la red de transporte. Todas han sido rechazadas o ignoradas.

En materia hídrica, la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de recortar el trasvase Tajo-Segura ha sido interpretada por el Gobierno valenciano como una imposición puramente ideológica, sin sustento técnico, que afecta de forma directa al desarrollo económico, agrícola y medioambiental de la provincia de Alicante.

Tampoco han prosperado las reclamaciones en Sanidad (como la creación de unidades de salud mental específicas tras la riada, el refuerzo de atención primaria o el déficit de profesionales), en Justicia (con la solicitud de 40 nuevas plazas judiciales sin respuesta), o en agricultura, donde la Generalitat exige la convocatoria de la Mesa de la Sequía y medidas para pequeños agricultores que siguen en el limbo administrativo.

Las 55 negativas, una por una

Estos son algunos de los principales «noes» del Gobierno central:

Rechazo al FLA extraordinario.

Negativa al fondo de nivelación.

Ausencia de ayudas a fondo perdido tras la dana.

Silencio ante la petición de una comisión mixta para la reconstrucción.

No a la reasignación de fondos europeos.

No a la exención del IVA en la compra de vehículos dañados.

Peticiones sanitarias sin atender: unidades de salud mental, financiación del plan de atención primaria, déficit de MIR.

Rechazo a la ampliación urgente de aeropuertos y mejoras de accesos ferroviarios.

Cierre a propuestas agrícolas, como el régimen simplificado en la PAC.

No a la redistribución de financiación del convenio con el MITMA.

Silencio ante la convocatoria de reuniones con los responsables de ADIF y Transición Ecológica.

Ninguna acción sobre las obras pendientes en la Albufera o en las ramblas del Poyo, la Saleta y el Magro.

Y así hasta 55 iniciativas, demandas y reclamaciones rechazadas o ignoradas sistemáticamente por el Ejecutivo.

Una Generalitat sola ante la emergencia

A pesar de este bloqueo, el Consell ha aprobado unos presupuestos autonómicos para 2025 que destinan 2.300 millones de euros a la recuperación post-dana. El esfuerzo presupuestario autonómico contrasta con la falta de apoyo estatal. Mazón ha recalcado que su gobierno continuará protegiendo el gasto social, pero exige al Ejecutivo central que deje de poner obstáculos y actúe con responsabilidad.

Mientras tanto, el malestar institucional crece. «No vamos a pasar por que los valencianos tengan peores derechos sociales que los demás. Es que no podemos pasar por ello, aunque el Gobierno nos lo esté negando permanentemente», insiste Mazón.

Cuando gobernar es ignorar

Mientras la Generalitat Valenciana acumula más de medio centenar de negativas a sus peticiones, Pedro Sánchez mantiene su atención centrada en asegurar la fidelidad de sus socios parlamentarios. Su permanencia en La Moncloa depende de satisfacer las exigencias de quienes le sostienen políticamente, lo que se traduce en concesiones específicas a territorios como Cataluña y el País Vasco, que sí ven atendidas sus demandas con agilidad.

Frente a eso, comunidades como la Valenciana quedan relegadas. Alicante, de hecho, ocupa el último lugar en inversión por provincias en los Presupuestos Generales del Estado: la número 52 de 52. Esta discriminación se produce en un momento en que el presidente del Gobierno está cada vez más rodeado por casos de corrupción que cercan a su entorno más próximo. En ese contexto, Sánchez parece más dispuesto a negociar privilegios que a ejercer la igualdad territorial. Y mientras unos territorios acumulan prebendas, otros, como la Comunidad Valenciana, solo reciben silencio.