El caso de la piscina ilegal de 1,2 millones de euros 'salpica' a una eurodiputada socialista

«Chapotear: Dicho del agua: Sonar batida por los pies o las mano». El agua de una piscina puede salpicar y mucho, tanto a modo juego como en el terreno judicial. El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia está investigando la construcción de una pileta pública por parte del Ayuntamiento de Alboraya en un terreno de la colindante ciudad de Valencia que además es terreno de huerta protegida.

La causa tiene contra las cuerdas al alcalde socialista de Alboraya, que podría enfrentarse en un juicio a una solicitud de prisión de hasta 8 años de cárcel por los delitos que se investigan, pero también 'salpica' al Ayuntamiento de Valencia. El exalcalde de Compromís Joan Ribó declara este martes como imputado y en abril se solicitó la imputación de Sandra Gómez, exvicealcaldesa socialista del Consistorio y ahora aforada como eurodiputada.

El juez Alberto Jarabo investiga una causa que aglutina delitos como contra la ordenación del territorio y malversación. En 2023 el Ayuntamiento de Alboraya construyó una piscina en una parcela que está dentro del término municipal de Valencia y lo hizo sin la correspondiente autorización del Consistorio colindante y, además, en un suelo que es no urbanizable, agrícola y calificado como huerta protegida.

Por ahora están imputados el alcalde y la primera teniente alcalde de Alboraya y el exalcalde de Valencia Joan Ribó, pero el juez instructor tiene en su despacho la solicitud de que el caso salpique a Sandra Gómez, según ha confirmado el abogado Víctor Soriano, abogado encargado de dirigir la acusación popular ejercitada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho (ADED).

La ahora eurodiputada socialista era concejala de Urbanismo cuando el Ayuntamiento, también del PSOE, de Alboraya construyó la piscina ilegal por 1,2 millones de euros. Según ha podido saber El Debate por parte del letrado que representa la acusación popular, el juez Jarabo «practicará todas las diligencias finales antes de considerar si eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute a Sandra Gómez».

La clave está en que este martes declaran en sede judicial como imputados tanto Joan Ribó como la primera teniente alcalde de Alboraya Ana Bru, así como el arquitecto Emilio Conejero como investigado. Estas serán «las últimas diligencias», según explica Soriano a este periódico, «antes de que conozcamos la resolución posiblemente después de verano».

A principios de marzo declaró como testigo Borja Sanjuán, exconcejal de Hacienda del PSOE en el periodo que se construyó la piscina ilegal de Alboraya. El edil, que ahora es portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, señaló, según ha podido saber El Debate, que «las competencias» que atañen a este caso correspondían a «Sandra Gómez». No es que el regidor 'vendiera' a la que fuera su líder municipal, sino que indicó que su área de gestión consistorial no controlaba los asuntos urbanísticos en la capital.

Ahora Joan Ribó acudirá el martes a declarar como imputado en las «últimas diligencias» de la instrucción antes de saber si Sandra Gómez acaba como imputada o no. Si la exvicealcaldesa de Valencia fuera investigada sería por «un delito contra la ordenación del territorio y por prevaricación urbanística omisiva», según confirma Víctor Soriano a El Debate.

En el momento concluya esta fase de instrucción, y si se estima oportuno, «el juez deberá elevar una exposición razonada para que sea el Tribunal Supremo el que impute a Sandra Gómez. Así lo solicitamos en abril y lo mantenemos ahora», zanja el letrado a este periódico.

Los tiempos de la política benefician a Sandra Gómez en este caso, ya que Joan Ribó fue imputado sin ningún inconveniente pero como la socialista está aforada por ser eurodiputada, su recorrido procesal iría por otro camino y a otra velocidad. Al final el agua no distingue y moja por igual a todo aquel que quiere bañarse en una piscina.