El reparto «inhumano» de menores inmigrantes impuesto por Sánchez que exime a Cataluña aboca a los centros de acogida valencianos al colapso

El Gobierno central se planteó este 2025 como un año plagado de actos para conmemorar los 50 años de la muerte de Francisco Franco. En concreto, el extenso programa abarca hasta un centenar de eventos, es decir, uno cada algo menos de cuatro días como promedio. Entre que esta macro iniciativa no es del interés de la inmensa mayoría de los españoles y que los casos de corrupción acorralan al Ejecutivo, al PSOE y al entorno más íntimo y próximo del líder de ambos, Pedro Sánchez, lo cierto es que la visibilidad de la medida está teniendo una repercusión mediática y social escasa cuando no cercana a la nulidad.

Pero este hecho no obsta a que en determinadas materias la coalición del Partido Socialista y Sumar esté actuando por imposición, un ordeno y mando de manual. De hecho, en lo relativo al reparto de menores extranjeros no acompañados, su actuación bien podría evocar la frase «por el artículo 33», con origen en la época franquista y que pasó a formar parte del acervo popular. El propio Instituto Cervantes la define como una expresión «para significar que una cosa es así porque es así y punto, sin discusión ni explicación».

Al respecto, una de las comunidades autónomas más perjudicadas por el futuro traslado de 3.975 miembros del citado colectivo desde Canarias, Ceuta y Melilla hasta la península ibérica el próximo 28 de agosto es la Comunidad Valenciana. Es más, fue uno de los territorios, junto con el resto de los gobernados por el Partido Popular, que dio plantón al Gobierno en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el pasado 17 de julio por considerar que la convocatoria era «ilegal» y sin contar con un orden del día acordado previamente.

Por si fuera poco, la hoja de ruta de Sánchez y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pasa por llevar menores extranjeros no acompañados a todas las regiones salvo dos. Casual o causalmente, se trata de Cataluña y País Vasco, es decir, las zonas que pueden hacer que el secretario general del PSOE no caiga y que, por el contrario, pueda mantenerse un tiempo más en el Palacio de la Moncloa aunque sea con respiración asistida. El agravio salta a la vista nada más ver los datos: 571 menores extranjeros irán a la Comunidad Valenciana, la tercera en términos cuantitativos, según señalan a El Debate fuentes de la Generalitat

Y todo por Real Decreto, un mecanismo cuyo uso la Constitución circunscribe a casos «de extraordinaria y urgente necesidad», pero del que el sanchismo ha hecho su particular modo de hacer política, aplicable a todo contexto en el que recibe aunque sea la más mínima puntualización a su postura inicial, que termina por ser la final de manera irremediable. En este sentido, su vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, es clara al respecto:

«No vamos a ser cómplices del atropello del Gobierno a las comunidades autónomas en esta materia», asegura, en referencia a un reparto de menores extranjeros sin acompañamiento paterno que considera «discrecional, inconstitucional e irresponsable», además de que, a su juicio, se va a llevar a cabo «sin planificación, sin criterios claros, sin financiación y de manera inhumana». En cuanto a la situación de los centros de acogida en la región, estos se encuentran actualmente al 160 % de su capacidad pese, incluso, a que en el último año las plazas han aumentado en un 63 % previa inversión de más de nueve millones de euros, lo que ha permitido atender a más de 760 menores extranjeros no acompañados en los siete meses de 2025.

Esta saturación que ya se vive será todavía mayor si el Gobierno termina por culminar sus intenciones, por lo que la también portavoz del Consell es rotunda: «Nuestro sistema no puede absorber más presión sin romperse. Las entidades que gestionan estos recursos ya nos han dicho que no hay infraestructuras ni personal suficiente», advierte, al mismo tiempo que recuerda a Sánchez y Rego que «la protección es competencia de cada comunidad». «El Estado no puede decidir unilateralmente cuántos menores podemos acoger», indica.

Asimismo, Camarero hace una aclaración: no se trata de «falta de solidaridad», sino de una cuestión de «responsabilidad». «Lo primero para nosotros es el interés superior del menor, pero también debemos proteger la calidad de nuestro sistema», afirma, destacando que la Generalitat ha implementado programas de emancipación para los jóvenes tutelados, de los que se han beneficiado más de 400 de ellos, y más de 2.300 han recibido información y orientación para acceder al mercado laboral mientras «el Gobierno de España ha hecho cero en esta materia».

En lo económico, el desencuentro con Sánchez y su política no va a menos, puesto que, según explica la número dos de Carlos Mazón, el Ejecutivo central únicamente pone sobre la mesa «una dotación que apenas cubre el 16 % del coste real». «Nos ofrecen 7,4 millones de euros para tres meses cuando solo su atención básica costará 45,5 millones», detalla la vicepresidenta, que se pregunta de dónde pretende el Gobierno que la Comunidad Valenciana recorte presupuesto para atender ese gasto: «De la dependencia? ¿De las políticas sociales?», sostiene, zanjando que la polémica suscitada se debe a que el asunto es una «cortina de humo» del presidente para desviar la atención de sus problemas políticos.