Imagen de archivo de una oficina del Sepe
Sánchez aporta 485 euros más por cada parado catalán que por uno valenciano para que encuentre trabajo
El pasado 2 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se felicitó por los últimos datos de empleo publicados, correspondientes al mes de junio, en plena temporada de verano. Mediante un mensaje en su perfil oficial de la red social X, antigua Twitter, el socialista no solo se mostró contento por la noticia en sí, sino que hizo una suerte de balance de su etapa en lo laboral desde que es el inquilino del Palacio de la Moncloa: «En siete años de Gobierno progresista, España ha creado 2,85 millones de empleos. ¡Seguimos!», escribió de forma escueta.
Más allá de que el registro y saber por boca de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o del propio Sánchez cuántos trabajadores fijos discontinuos resulta tan imposible como cuadrar el círculo, es probable que hubiera alguien que echara de menos algunas palabras de aliento. Entre ellos, quizás se encontrasen las 2.405.963 personas que quieren trabajar pero que no encuentran un puesto. Ni un mensaje de ánimo para estos.
Si estar en esta situación ya es angustioso, peor debe de ser engrosar las listas del desempleo y que el Gobierno de tu país esté llevando a cabo una política laboral en la que hay parados de primera y de segunda . Como una capa más del barniz divisivo que impregna la inmensa mayoría de las acciones promovidas por el sanchismo en cualquier ámbito, el mantenimiento del poder y las tan correspondientes como innumerables cesiones para ello no merecen objeción moral o política por parte del resto del Gabinete ni de determinados líderes territoriales socialistas.
Imagen de archivo de Salvador Illa con Carlos Mazón tomada en la última Conferencia de Presidentes
En este sentido, la Comunidad Valenciana es la segunda por la cola en inversión del Ejecutivo por persona desempleada, según fuentes de la Generalitat consultadas por El Debate. Por cada persona desempleada, la Administración autonómica recibe por parte de la del Estado 830 euros. Sin embargo, si el parado reside en Cataluña, esta cantidad asciende hasta los 1.315 euros, es decir 485 euros más.
Silencio estruendoso de Morant
En términos globales, lo anterior significa que el Gobierno transfiere a la Generalitat Valenciana un total de 243.700.450 euros por sus 293.615 desempleados registrados hasta junio, mientras que a la de Cataluña le corresponden 414.335.460 euros en base sus 315.084 parados hasta la misma fecha. Si el lector prefiere el porcentaje, no deja de ser sangrante: Sánchez ingresa al Gobierno de Salvador Illa un 58 % más que el de Carlos Mazón por cada persona inscrita en búsqueda activa de trabajo.
Con este contexto sobre la mesa, llama poderosamente el silencio estruendoso de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. A decir verdad, tampoco es una actitud que coja por sorpresa, ya que la también aspirante a la presidencia de la Generalitat Valenciana suele aparecer en los medios de comunicación con dos claras estrategias: defender a capa y espada a su jefe de filas en el partido y en el Gobierno, Pedro Sánchez, en todo lo que sea menester y, a la par, continuar, cuando no incrementar, su particular guerra contra Mazón en aras de intentar colocarse en una posición de ventaja para alcanzar el Ejecutivo regional.
Sin embargo, las encuestas no secundan los planes de Morant, ya que la inmensa mayoría de ellas apuntan que el Partido Popular y Vox revalidarían el poder para el centro-derecha en la Comunidad Valenciana. Un síntoma de ello podría ser, precisamente, su justificación de todo lo que haga o diga Sánchez pese a que ello vaya en contra de la unidad de España, de la igualdad entre todos ciudadanos y, en términos autonómicos, sea disolvente para los más de cinco millones de vecinos de Castellón, Valencia y Alicante.
Sirva como ejemplo que, según muestran los datos aportados por fuentes de la Generalitat, «el incremento de inversión durante los últimos diez años ha sido totalmente desigual» entre Cataluña y la región, puesto que en materia de política activa de empleo la primera «ha visto incrementados los fondos en 207 millones de euros, cerca del doble» que la segunda, cuya subida ha quedado limitada a 109 millones de euros.
