El Juzgado cita de nuevo como imputado a Joan Ribó en el caso de la piscina de 1,2 millones de euros tras su última incomparecencia

El exalcalde de Valencia Joan Ribó, de Compromís, ha sido citado en calidad de imputado el próximo 24 de octubre a las 10 de la mañana en el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, en el marco de las diligencias previas abiertas por presuntas irregularidades en la tramitación del proyecto de una piscina de 1,2 millones de euros en la localidad de Alboraya. Según la resolución judicial a la que ha tenido acceso El Debate, el magistrado ha acordado volver a citarle formalmente tras su incomparecencia en la fecha anterior, prevista para el pasado 22 de julio.

Tras una denuncia interpuesta por el activista y abogado Gonzalo Brocal Pertégaz y por la Asociación Defensa del Estado de Derecho y Lucha contra la Corrupción, se investiga el supuesto desvío de fondos y una posible cadena de decisiones irregulares relacionadas con la subvención directa de la Diputación de Valencia para construir una piscina municipal en Alboraya durante la etapa del socialista Miguel Chavarría como alcalde.

Además de Ribó, también figuran como investigados la exvicealcaldesa socialista de Valencia Sandra Gómez, el exalcalde de Alboraya Miguel Chavarría, la primera teniente de alcalde Ana Bru y el arquitecto municipal del Ayuntamiento Emilio Conejero, según el documento judicial al que ha tenido acceso este periódico. Las declaraciones de los dos últimos si que tuvieron lugar según el calendario procesal previsto el día 22 de julio.

Tal y como ha venido publicando El Debate, el origen del procedimiento se remonta a la concesión directa de una subvención normativa por parte de la Diputación de Valencia, entonces presidida por el socialista Toni Gaspar. La ayuda, por importe de 1,2 millones, fue tramitada de forma exprés y sin concurrencia competitiva, lo que permitió al Ayuntamiento de Alboraya adjudicar a dedo un contrato de redacción y ejecución de obra que, según la denuncia, ya estaba diseñado y pactado previamente entre técnicos municipales y responsables políticos.

El proyecto, que preveía levantar una piscina junto al polideportivo municipal, fue duramente cuestionado por los servicios técnicos por su falta de justificación técnica y económica. Además, según consta en las diligencias, la subvención fue ingresada antes incluso de que existiera el proyecto definitivo, en un posible fraude de procedimiento. La Fiscalía ya ha recabado numerosos informes periciales, así como los expedientes administrativos y los correos cruzados entre los implicados.

En su providencia, el magistrado Alberto Jarabo Calatayud ordena expedir los oficios necesarios para asegurar la notificación efectiva de la citación a Ribó, tras su ausencia no justificada en la anterior comparecencia. La resolución también recuerda que contra la misma cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días desde su notificación.

Desde el despacho de abogados Soriano i Piqueras, que ejerce la acusación popular en la causa, informaron a El Debate que la notificación judicial «no ha podido ser entregada debidamente en su domicilio». Por su parte, el exalcalde Joan Ribó, a través de un mensaje publicado en la red social X, aseguró que nadie acudió a su casa a entregarle la correspondiente notificación, y responsabilizó de su ausencia judicial al Ayuntamiento: «Llevo esperando meses a que me notifiquen alguna cosa, solo sé las informaciones que salen en prensa. Llevo más de 30 años viviendo en el mismo piso de Patraix, el Ayuntamiento sabe perfectamente dónde localizarme y cómo contactar conmigo».

El caso, que permanece bajo secreto parcial, sigue en fase de instrucción, y el juzgado no ha concretado todavía los delitos imputados, aunque la calificación podría abarcar desde prevaricación hasta malversación, según fuentes conocedoras del procedimiento.