Benidorm busca el amparo del Constitucional para esquivar una condena millonaria que amenaza sus finanzas

El Ayuntamiento de Benidorm ha activado la que podría ser su última vía de defensa judicial para evitar una condena que compromete gravemente su estabilidad económica. El Consistorio ha anunciado que interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desestimara en junio el incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia que le obliga a pagar 283 millones de euros -más intereses de demora- a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL. El fallo, ya firme tras el rechazo del Tribunal Supremo a admitir un recurso, supone una factura de casi 330 millones de euros, una cantidad que más que duplica el presupuesto municipal previsto para 2025.

El conflicto tiene su origen en un viejo acuerdo urbanístico firmado en 2003, durante el mandato del entonces alcalde Vicente Pérez Devesa, que reconocía a los promotores determinados derechos urbanísticos en los terrenos del sector APR-7, enclavados en lo que más tarde sería el parque natural de Serra Gelada. La declaración del área como espacio protegido en 2005 impidió el desarrollo urbanístico del suelo, lo que dio pie a la firma de convenios para compensar a los propietarios con aprovechamientos en otras zonas. Sin embargo, las compensaciones pactadas nunca se ejecutaron y el Ayuntamiento, con gobiernos posteriores, prorrogó dichos acuerdos en 2010 y 2013.

Un coste descomunal

La sentencia coloca a Benidorm en una situación económica insostenible. La ciudad alicantina, que cuenta con una población censada de apenas 75.000 personas, presta servicios a más de 300.000 residentes reales de media durante el año debido a su condición de destino turístico de primer orden. Esa cifra puede dispararse en verano, llegando a más de 400.000 personas de estancia simultánea y superando los dos millones de pernoctaciones solo en agosto. Aun así, su financiación pública sigue vinculada a su población empadronada, lo que provoca un desfase estructural entre ingresos y gastos.

En este contexto de infrafinanciación crónica, afrontar una indemnización de semejante magnitud pondría en riesgo la viabilidad de los servicios municipales y de las inversiones previstas. El alcalde, el 'popular' Toni Pérez, ha defendido el recurso al Constitucional como un paso necesario para «seguir defendiendo el interés general» y ha señalado que la estrategia legal del Ayuntamiento ha seguido en todo momento los criterios de los técnicos municipales y asesores externos.

Múltiples frentes abiertos

El Ayuntamiento intenta revertir la sentencia principal a través del recurso de amparo y mantiene activas otras cinco causas judiciales relativas a la revisión de oficio de los convenios urbanísticos. Dos de ellas ya han sido resueltas en primera instancia a favor del Consistorio, que logró que se declararan nulos de pleno derecho los acuerdos de 2010 y 2013. Estas sentencias han sido recurridas por las partes promotoras, y aún no existe una resolución firme. Las otras tres causas continúan su tramitación en los juzgados.

El equipo de Gobierno municipal considera clave la validez o no de esos convenios para determinar si, efectivamente, existía una obligación indemnizatoria. Uno de los argumentos centrales del Consistorio es que, aunque el Plan General de 1963 clasificaba los terrenos como urbanos, estos no cumplían con los requisitos materiales para tal consideración -carecían de acceso rodado, redes de abastecimiento de agua, saneamiento o suministro eléctrico- y, por tanto, los derechos urbanísticos no llegaron a consolidarse. Esa tesis fue respaldada por el Consejo Jurídico Consultivo (CJC) en un dictamen emitido en 2021.

La vía de la negociación, en la sombra

Mientras la batalla judicial sigue abierta, los propietarios de los terrenos, encabezados por la familia Murcia Puchades, se han mostrado dispuestos a alcanzar un acuerdo de compensación alternativa con el Ayuntamiento, conscientes de sus limitaciones financieras. Se trataría, previsiblemente, de una fórmula mixta que incluya la cesión de activos municipales u otros mecanismos negociados, siempre dentro de un marco legal.

Sin embargo, desde el Consistorio insisten en agotar todas las opciones legales antes de abrir la puerta a una transacción de ese tipo. «El Ayuntamiento no tenía otro camino que el que emprendió, siempre bajo criterio técnico», ha recalcado el alcalde, quien subraya que no se ha dado ni un paso fuera de la hoja de ruta marcada desde el inicio.

Implicaciones de largo alcance

El caso del APR-7 no solo supone un golpe económico para Benidorm. También puede convertirse en un precedente jurídico con fuerte impacto en la planificación urbanística del municipio. La escasez de suelo público disponible y la presión inmobiliaria constante hacen que cada metro cuadrado sin desarrollar sea objeto de conflicto. La declaración como parque natural de Serra Gelada protegió un entorno valioso, pero el precio de esa protección -nunca compensado- ha terminado en una factura judicial sin precedentes para una ciudad que vive del equilibrio entre turismo y territorio.

La cuenta atrás ya ha empezado. El Ayuntamiento tiene hasta finales de mes para formalizar el recurso ante el Constitucional. Si este tampoco prospera, la ciudad deberá afrontar una indemnización que amenaza con condicionar su futuro durante décadas.