Los embalses del Segura se secan en pleno recorte del trasvase del Tajo por parte de Pedro Sánchez

La última fotografía hídrica de España muestra una desigualdad que va más allá del paisaje. Según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, el Tajo almacena hoy 8.043 hectómetros cúbicos, un 72,75 % de su capacidad, mientras que el Segura apenas retiene 313, lo que equivale al 27,46 %. La comparación es aún más llamativa si se observa que otras cuencas como el Duero, el Miño-Sil o el Ebro superan el 67 % de llenado, mientras el sureste peninsular continúa en mínimos, con restricciones de riego y una planificación agrícola marcada por la incertidumbre.

A pesar de esta disparidad, el trasvase Tajo-Segura -arteria hídrica para más de 2,5 millones de personas y para unas 140.000 hectáreas de regadío en Alicante, Murcia y Almería- se encuentra bajo un proceso de recorte progresivo impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El endurecimiento de las reglas de explotación y el aumento del caudal ecológico en el Tajo, aprobado en el ciclo de planificación hidrológica de 2023, reducirá de forma sustancial el volumen trasvasable a partir de 2027. Una reciente sentencia incluso abre la puerta a aplicar la reducción de golpe antes de esa fecha, lo que, según advierten los regantes, supondría un «golpe mortal» para el modelo agrícola del Levante.

Un recorte sin alternativas operativas

El Gobierno defiende el incremento del caudal ecológico como medida medioambiental, pero las administraciones valencianas y alicantinas ven detrás un criterio político que prioriza los intereses del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, frente a las necesidades hídricas del sureste. La Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y numerosos ayuntamientos han aprobado resoluciones para exigir la paralización de los recortes y reclamar un Plan Hidrológico Nacional que garantice un reparto solidario del agua.

El problema, según denuncian los responsables del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y de organizaciones como Asaja Alicante o La Unió Llauradora, no es solo la reducción de aportes, sino la ausencia de alternativas viables.

Ante esta situación, los primeros han advertido este martes en sus redes sociales de que el «lobo» del recorte ya ha llegado, poniendo en riesgo el empleo, la estabilidad económica y el futuro de miles de familias en el sureste. Las ampliaciones de desaladoras como la de Torrevieja o Águilas están paralizadas o carecen de financiación, y los proyectos para reutilizar aguas depuradas, como el 'Vertido Cero' en Elche, permanecen bloqueados pese a contar con respaldo autonómico y local. Mientras tanto, los plazos administrativos y ambientales hacen inviable que estas obras estén listas antes de que el recorte sea plenamente efectivo.

Alicante, en primera línea del impacto

En la provincia de Alicante la situación es especialmente delicada. Comarcas como la Vega Baja dependen en gran parte del trasvase para sostener su agricultura intensiva, que abastece a España y a buena parte de Europa durante el invierno. La merma del recurso, advierte el sector, provocará un aumento del precio de la cesta de la compra, pérdida de empleo, abandono de tierras y, a medio plazo, un retroceso económico generalizado.

Durante los últimos meses, la ofensiva de los principales representantes de la provincia se ha multiplicado. La Diputación de Alicante, encabezada por su vicepresidenta Ana Serna, acusa directamente a Pedro Sánchez de «ensañarse» con la provincia y de negar inversión en infraestructuras hidráulicas clave. En la misma línea, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha criticado la «falta de transparencia» en la planificación de la ampliación de la desaladora local, de la que asegura haberse enterado por la prensa. Para el Partido Popular, principal fuerza política en las instituciones alicantinas, se trata de una estrategia deliberada para reducir la agricultura de regadío en el sureste bajo la excusa de una falsa sostenibilidad.

Una brecha hídrica que se agrava

La desigualdad entre cuencas no es nueva, pero sí más visible que nunca. Mientras el Tajo, el Duero o el Ebro almacenan decenas de veces más agua que el Segura, parte de sus excedentes se destinan a otros fines, incluyendo el cumplimiento de compromisos internacionales como el Pacto de Albufeira con Portugal. En cambio, el Segura es una cuenca estructuralmente deficitaria, que en años como este apenas roza un tercio de su capacidad y se mantiene gracias a aportes externos.

En este contexto, las instituciones valencianas insisten en que la única solución estructural pasa por la solidaridad hídrica entre territorios, del mismo modo que funcionan los más de 40 trasvases que siguen activos en España. Reclaman que el Gobierno recupere la planificación integral del agua y detenga la fragmentación de criterios que, a juicio de los regantes, está «condenando» al sureste.

Si no se revierte la situación, en apenas dos años el Levante podría perder más de 300 hectómetros cúbicos anuales, una cifra aparentemente imposible de compensar con las fuentes alternativas actuales. El temor es que el recorte llegue incluso antes, agravando una crisis que ya está obligando a algunas empresas agroalimentarias a reubicar su producción en zonas con mayor seguridad hídrica.