Imagen de archivo del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, junto al presidente del Parlamento catalán Josep Rull y Oriol Junqueras
«Alicante como síntoma»: un foro independentista pagado con dinero público carga contra la ciudad por defender el español
La Universidad Catalana de Verano (UCE), que cada agosto reúne en Prades (Francia) a dirigentes, académicos y activistas vinculados al nacionalismo catalán, ha fijado este año su atención en Alicante. Bajo el título 'Alicante como síntoma, el auge de la ultraderecha y la postdemocracia', uno de los debates programados plantea que la capital alicantina encarna una resistencia política y cultural a los denominados «países catalanes» y asocia esa posición con el crecimiento de la extrema derecha. La singularidad del caso es que estas jornadas, presentadas como un curso universitario, se financian en gran medida con subvenciones públicas procedentes de instituciones gobernadas por el Partido Socialista.
El encuentro arrancó este domingo con un programa que, como en anteriores ediciones, combina intervenciones académicas con discursos de carácter político. Este año incluye ponencias del prófugo Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Quim Torra, así como la participación de la consejera de Universidades de la Generalitat de Cataluña, Nuria Montserrat. El foro se ha convertido con el tiempo en un espacio donde se discuten cuestiones relacionadas con la secesión, la identidad cultural y las relaciones entre la comunidad autónoma catalana y España, siempre bajo el prisma del nacionalismo catalán.
Las cuentas publicadas por la organización muestran un presupuesto de 379.128,82 euros, de los cuales 271.461,28 corresponden a subvenciones públicas. La Generalitat de Cataluña que preside Salvador Illa aporta 162.591,5 euros y la Diputación de Barcelona, 20.000. A estas cifras se suman contribuciones de entidades culturales y organismos locales de Cataluña y del sur de Francia. El resultado es que el 71,6 % de los ingresos procede de fondos públicos.
El origen del debate en Alicante
La inclusión de Alicante en la programación de la UCE responde al acuerdo adoptado en el Ayuntamiento de la ciudad. El pasado 26 de junio, a propuesta de Vox y con el respaldo del Partido Popular, el pleno aprobó una declaración institucional para instar a las Cortes Valencianas a que reconozcan a la capital como municipio de predominio lingüístico castellano. La iniciativa busca modificar la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, aprobada en 1983, que en la actualidad clasifica a Alicante dentro de las zonas de predominio valenciano.
Cartel de la Universidad Catalana de Verano
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, defendió la propuesta con el argumento de que refleja la realidad social: «Presentamos esta declaración institucional para defender los derechos y libertades de los alicantinos en materia educativa y el español como lengua predominante en el término municipal de Alicante». El propio sondeo sociolingüístico de la Generalitat de 2021 indica que más del 70 % de los habitantes de la ciudad utilizan el castellano en su vida cotidiana.
Un debate con poco recorrido legislativo
La medida ha encontrado, sin embargo, importantes limitaciones políticas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado que la iniciativa municipal «no entra en la agenda legislativa del Consell» y que cualquier cambio requeriría «estudios técnicos sociológicos que en estos momentos no están sobre la mesa». El secretario general del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, también ha enfriado las expectativas al asegurar que «es muy difícil que cambiemos esa ley» porque se ajusta al marco de la actual Ley de Libertad Educativa.
En paralelo, la Diputación de Alicante aprobó días después, con apoyo del PP, una propuesta de Compromís en defensa del valenciano que reafirma el carácter de la ciudad como territorio de predominio valenciano. Esta diferencia de posicionamientos entre instituciones ha reabierto el debate sobre el peso real del castellano y del valenciano en la ciudad.
La Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que data de 1983 y fue aprobada por el PSOE y el Partido Comunista, estableció un mapa lingüístico con dos áreas: municipios de predominio valenciano y municipios de predominio castellano. La clasificación de Alicante como zona valencianohablante siempre ha sido objeto de debate, dada la escasa presencia de esa lengua en la vida cotidiana de la ciudad. La moción municipal pretende actualizar esa situación, aunque la falta de consenso político apunta a que, al menos por ahora, quedará como un gesto simbólico.
