Una familia consigue que una juez dictamine en tres días el desahucio de cinco okupas peruanos

Hace tiempo que no sale a la luz un caso de okupación que se resuelve en sólo tres días. Ese es el tiempo que pasó entre que se advirtiera la entrada ilegal en un piso y la salida de los okupas tras una orden judicial, con la Guardia Civil en la puerta. Los hechos han ocurrido en la localidad valenciana de Cullera y abren un camino a la esperanza. Los familiares de la propietaria del inmueble okupado sospechan que la familia hurtó documentación del buzón con el fin de falsificar un contrato de alquiler.

Por una cosa o por otra, pero los okupas casi siempre salen vencedores, al menos durante un tiempo. O los pillan en el mismo momento están allanando la vivienda o ya se les abre un abanico de excusas que les permite ser ellos los que deciden cuándo abandonar la casa que no es suya para que su propietario, u otros okupas, pueda entrar. Mientras que en Tavernes de la Valldigna dos bandas de magrebíes se disputan hacerse con el poder de una casa okupada, en Cullera se ha dado el caso de un desahucio exprés para una familia de okupas peruanos. El 15 de agosto se denunció el allanamiento y el día 18 ya estaban fuera del inmueble.

La historia la relata el periódico Las Provincias y la información se expone que el día de la fiesta de la Asunción una hija advirtió que la cerradura de casa de su madre estaba cambiada y que en su interior había un grupo de personas que se negaba a irse. Inmediatamente esta señora llamó a la Guardia Civil para notificar los hechos e interponer la correspondiente denuncia.

A la llegada de los agentes, los okupas mostraron un contrato de alquiler firmado, supuestamente, por la propietaria del inmueble, con fecha 7 de agosto de 2025. Lo que este grupo no sabía es que la dueña de la casa está ingresada en una residencia, en la que se encuentra encamada por tener una enfermedad degenerativa, por lo que era a todas luces imposible que esta señora hubiera firmado dicho contrato.

El atestado de la Guardia Civil llegó directamente a los juzgados, haciéndose cargo del caso el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca. Con toda la documentación sobre la mesa, la jueza procedió a dictaminar el desahucio exprés del grupo de okupas peruano a tenor de la falsificación de la firma de la mujer.

Según el citado medio, los familiares de la propietaria sospechan que el grupo de okupas habría hurtado correspondencia del buzón para poder tener los datos y falsificar la firma de la señora.

Tres días después, la comitiva de agentes llegó a la vivienda y los okupas abandonaron el inmueble, no sin antes ser retenidos para que los hijos de la dueña pudieran comprobar si se había ocasionado algún desperfecto durante los tres días de okupación por parte de tres adultos y dos menores de edad.