El bar de la isla de Benidorm sigue abierto pese a una sentencia firme que ordena su derribo

El restaurante de la isla de Benidorm vive otro verano de actividad frenética pese a acumular medio siglo de irregularidad administrativa y una sentencia firme que lo deja sin licencia de apertura. La instalación, gestionada desde 1968 por la empresa, nunca contó con autorización municipal, aunque durante años abonó tasas y cánones al Ayuntamiento hasta que en 2005 se aprobó el deslinde que incorporó la isla al dominio público marítimo-terrestre.

Ese mismo año, la declaración de la Sierra Helada como Parque Natural convirtió la concesión de cualquier actividad en competencia estatal. Desde entonces, la explotación ha navegado en un limbo legal que se agudizó en 2019, cuando el Ministerio de Transición Ecológica dictó una orden de derribo y desalojo que aún no se ha ejecutado.

Un litigio perdido en todas las instancias

La empresa trató de regularizar su situación en 2018 solicitando al Ayuntamiento una licencia de apertura. El Consistorio la denegó por falta de título concesional, y tras agotar la vía administrativa inició un proceso judicial que terminó sin éxito. Primero fue rechazado en el Juzgado de lo Contencioso de Alicante, después en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y, finalmente, en el Tribunal Supremo, que a finales de 2024 inadmitió su recurso.

La defensa de la mercantil se apoyaba en un supuesto silencio administrativo favorable de 1993, pero los tribunales recordaron que nunca tuvo autorización para ocupar suelo de dominio público ni licencia de actividad previa. La sentencia firme, notificada en enero de 2025, cierra definitivamente cualquier posibilidad legal de mantener abierto el local.

Un espacio en disputa

El Ayuntamiento de Benidorm, consciente de la inviabilidad de la explotación hostelera, aprobó en pleno solicitar a Costas una concesión para reconvertir el edificio en un centro de interpretación del Parque Natural. El proyecto contemplaba un inmueble más pequeño que el actual, con zona de recepción, taquillas, aseos y sala expositiva, además de una pequeña cafetería sin servicio de cocina.

Sin embargo, seis años después de la orden ministerial de derribo, nada ha cambiado: las terrazas y escaleras siguen en pie, el restaurante anuncia su oferta en la web de la empresa y los visitantes lo reseñan en internet.

A la espera de la Administración

El caso del bar de la isla es un ejemplo de la complejidad de la gestión del dominio público marítimo-terrestre y la falta de coordinación entre administraciones. Mientras la Justicia ha dejado clara la ilegalidad de la explotación, la orden de desalojo sigue pendiente de ejecución y el negocio continúa facturando en plena temporada turística.

El futuro del edificio pasa por la musealización planteada por el Ayuntamiento, pero por ahora los plazos son inciertos. Entre tanto, el restaurante sigue operando «como si nada», a pesar de que la última palabra ya está escrita en los tribunales.