La última protesta contra Mazón por la gestión de la dana toca fondo con apenas 2.000 asistentes

La última protesta contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre tocó fondo este viernes con una asistencia de apenas 2.000 personas, según datos oficiales de la Delegación del Gobierno y la Policía Local.

Las entidades de izquierdas que promueven las convocatorias limitaron esta vez el acto a una concentración ante el acusado descenso de la participación. Además, conforme ha venido sucediendo en las diez protestas celebradas desde la riada, los promotores eximen de toda responsabilidad al Gobierno central, pese al retraso en el pago de las ayudas comprometidas por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, las competencias de la Agencia Estatal de Meteorología (que esta misma semana admitió «errores» en aquel fatídico 29 de octubre de 2024) o de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La riada provocó un total de 228 muertes y pérdidas económicas millonarias. Entidades cívicas del ámbito de la izquierda y del catalanismo, sociales y sindicales valencianas, junto a las asociaciones de víctimas, los comités locales de emergencia y reconstrucción y el Acord Social Valencià recordaron este viernes a la víctimas y centraron sus críticas en Mazón.

La presidenta de la Associación de Víctimas de la Dana 29 de Octubre, Mariló Gradolí, afirmó que «como ciudadanía, vamos a seguir reclamando la dimisión de Mazón diez meses después, once meses después, doce meses después. Él ya tiene asegurada su paguita, pero nosotros no tenemos la tranquilidad de saber que ha dimitido».

En esta línea, la presidenta de la Associación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, lamentó que hace «334 días desde que nuestros familiares no están» pero recalcó que «no se murieron de manera natural, fue un homicidio imprudente y espero que la justicia así lo reconozca antes que después».

Álvarez extendió la petición de dimisión de Mazón también a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, por las muertes de ancianos en residencias, y al titular de Educación, José Antonio Rovira, «porque dice que tiene derecho a estar con su familia y se marchó a Alicante».

Además, mostraron su apoyo a la labor que está llevando a cabo la juez de Catarroja encargada de la instrucción de la causa, en la que figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el que fuera su número dos Emilio Argüeso, que elevaron una queja contra la magistrada al Consejo General del Poder Judicial, que ha abierto diligencias informativas.

Las asociaciones descartan una reunión con Mazón, porque solo se ha «invitado, entre comillas, a una persona por asociación» y consideran que se equipara «el movimiento asociativo a una persona de la calle damnificada que ha perdido una bicicleta, una moto o cualquier otro daño como damnificado. Eso es un insulto a los familiares de las víctimas», indicó Rosa Álvarez.

No obstante, no se oponen a reunirse con el vicepresidente para la reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, porque «tiene un perfil técnico». «Nos sentaremos siempre y cuando, y así lo hemos hecho saber, no esté la persona que está ocupando la presidencia del Consell», zanjó.

Por su parte, Gradolí afirmó que están pendientes de que la Casa Real confirme si se puede celebrar el funeral de Estado el 29 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia.