Imagen de archivo del barrio Virgen del Carmen
El drama de la vivienda: 4.900 euros por pisos para demoler y 395.000 por casas okupadas
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales y económicos de España. La escalada de precios, la falta de oferta asequible y el fenómeno de la okupación han situado este asunto en el centro del debate público. Tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas se han visto obligados a colocar la vivienda en lo más alto de su agenda política, conscientes de que marcará buena parte del discurso del nuevo curso político.
La situación en la Comunidad Valenciana ilustra bien esta crisis. En el portal inmobiliario Idealista se puede encontrar ejemplos que retratan el drama actual: un piso en Alicante por apenas 4.900 euros, pero en estado de demolición; otro en la misma ciudad, ocupado ilegalmente, que se anuncia por 189.000 euros; o un inmueble en Valencia, también ocupado, a la venta por 395.000 euros. Incluso en Castellón de la Plana, donde los precios se encuentran algo más contenidos, aparece otro piso en situación similar por 150.000 euros.
Estos anuncios conviven con unos precios que no dejan de crecer. En Alicante, el metro cuadrado cuesta de media 2.437 euros, un 14,3 % más que hace un año. En Valencia, alcanza los 3.185 euros/m², con un alza del 19,6 % anual. En Castellón de la Plana, se sitúa en 1.495 euros/m², tras subir un 12,1 % en doce meses. La escalada, según los datos del portal inmobiliario, refleja un encarecimiento sostenido que complica aún más el acceso a un hogar para jóvenes y familias.
Asunto prioritario
Ante esta coyuntura, el Gobierno de la Generalitat Valenciana ha convertido la vivienda en uno de los ejes de su acción política. El Ejecutivo de Carlos Mazón ha puesto en marcha medidas fiscales, normativas y de oferta pública con el objetivo de aumentar el parque disponible y facilitar la compra o el alquiler.
Edificio en obras en Castalla (Alicante)
Entre las actuaciones más destacadas está el Plan Vive, que contempla la construcción de 10.000 viviendas de protección pública en dos años: 6.000 en suelo municipal y 4.000 en privado. Actualmente, unas 3.000 viviendas están ya en proceso de licitación, adjudicación o construcción, con especial incidencia en la provincia de Alicante.
Paralelamente, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), la Generalitat ha invertido 8,7 millones de euros en la reparación de 613 viviendas públicas desde 2023 y tiene en marcha la rehabilitación de otras 48, con 97 en fase de valoración.
Rebajas fiscales y avales para jóvenes
El Consell ha optado también por incentivar la compra a través de rebajas fiscales. Desde 2024, los menores de 35 años y colectivos vulnerables disfrutan de un descuento del 25 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), medida que ya ha beneficiado a más de 22.700 personas con un ahorro medio de 1.325 euros.
Además, para 2025 se ha aprobado una rebaja general del ITP del 10 % al 9 %, que se suma a la reducción del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados con el fin de abaratar los gastos de la compraventa.
Otro de los instrumentos clave es la línea de avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que permite financiar hasta el 95 % del valor de la vivienda. En sus primeros nueve meses ha beneficiado a 1.037 jóvenes de toda la Comunidad, respaldando operaciones de compra por cerca de 81 millones de euros.
La batalla contra la okupación
Por otro lado, el Ejecutivo autonómico insiste en que la okupación ilegal es un factor que erosiona la confianza de propietarios y frena la oferta. Por ello, ha desplegado un Plan contra la Okupación que ofrece asesoramiento y apoyo directo a los dueños afectados.
La estrategia autonómica se complementa con iniciativas locales. En Alicante,su alcalde, Luis Barcala, ha anunciado la creación de más de 6.000 viviendas, de las cuales un 40 % serán públicas, además de planes de rehabilitación en barrios como San Gabriel, San Blas o el Casco Antiguo. La ciudad prevé nuevos desarrollos en Lomas del Garbinet, Nueva Albufereta y el sector de Cerámica Santo Tomás, además del plan urbanístico del Parque Central.
Un reto que marcará la legislatura
La paradoja de pisos en ruina a precios irrisorios y viviendas okupadas por cientos de miles de euros refleja las tensiones de un mercado desajustado. La Comunidad Valenciana no es una excepción, sino un espejo de lo que ocurre en toda España: un problema estructural que afecta a miles de familias y que ya se ha convertido en uno de los temas estrella de la política nacional y autonómica, tras años de ser uno de los mayores quebraderos de cabeza de los españoles.
El presidente valenciano insiste en que esta será «la legislatura de la vivienda» y que las medidas adoptadas -construcción de vivienda pública, rebajas fiscales, avales y planes contra la okupación- permitirán corregir el desequilibrio entre oferta y demanda. La clave será comprobar si estas políticas logran traducirse en una oferta suficiente y asequible para quienes, a día de hoy, siguen encontrando casi imposible acceder a un hogar digno.
