La Justicia tumba el boicot de la Universidad de Valencia a centros israelíes

En plena ofensiva del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza para liberarla de las garras de Hamas y cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fía buena parte de su estrategia de supervivencia política a que ese asunto sea el que cope el debate público, la Universidad de Valencia (UV) ha recibido un duro golpe judicial por «discriminar» a centros hebreos.

Así lo recoge en una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha anulado el acuerdo que la institución valenciana suscribió en mayo del pasado año con sus homólogas israelíes tras penetrar en la Franja.

Según ha adelantado el diario Las Provincias, los magistrados estiman que esa postura no hace sino vulnerar «los principios de objetividad y neutralidad ideológica» que todo poder público ha de fomentar. De esta manera, consideran válidos los argumentos esgrimidos por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que fue quien demandó e inició el proceso legal.

En este sentido, el Tribunal señala en su escrito que el acuerdo suspendido, «es contrario a la prohibición constitucional de discriminación» y que «no es compatible», con lo establecido la Ley integral para la Igualdad de Trato: «Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión en el ámbito educativo», reza la norma.

Acampada en el campus

Cabe recordar que la iniciativa ahora derogada fue producto de la ocupación de diversos grupos de estudiantes de la UV en campus como el de Blasco Ibáñez, en Valencia capital. Allí acamparon durante varios días, provocando episodios de tensión con el equipo directivo y congregando a no pocos medios de comunicación, que se acercaron hasta el lugar. Uno de ellos fue El Debate, pero los organizadores de la protesta se negaron a hablar con este periódico por su línea editorial mientras colaboraban con entusiasmo con La Sexta o Radiotelevisión Española.

En concreto, la sentada dio como resultado lo que ahora la justicia ha tumbado, dado que había puntos como el que obligaba a la Universidad a «no firmar ningún acuerdo ni convenio de colaboración con instituciones, universidades y centros de investigación israelíes mientras no terminaran los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y la violación sistemática y masiva de los Derechos Humanos».

Al mismo, el centro se comprometía a evitar «la explotación de infraestructuras científicas de la Universidad por parte del personal investigador de estas instituciones», y que «se suspenderán las estancias de entrada y de salida relacionadas».

Por todo ello, y después de ACOM advirtiera de un posible incumplimiento de la Constitución Española, el TSJCV estima que lo acordado «conlleva un posicionamiento político en contra de una de las partes». Esto a la Sala le «permite deducir la existencia implícita de un reproche dirigido exclusivamente contra todas las manifestaciones de la sociedad israelí», advirtiendo una «cosmovisión política sostenida desde ciertas posiciones del espectro ideológico que si bien es lícita en el juego político o el terreno personal, no lo es en el ámbito de toma de decisiones académicas por parte de una universidad pública, financiada con fondos públicos, que acoge a estudiantes e instituciones de diferentes procedencias y creencias».

Finalmente, el Tribunal obliga a los condenados a difundir la sentencia por haber probado que va en contra del articulo 103.1 sobre neutralidad ideológica y objetividad de los poderes públicos que regula la Carta Magna. La UV, por su parte, está estudiando «en profundidad» el fallo y la próxima semana expresará su opinión al respecto.