¿Era la entrevista que tenía agendada el jueves por la mañana en Telepedro, antes TVE, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo Caballero (Badajoz, 1980), la verdadera razón por la que se ausentó de la Noche de la Economía Valenciana? ¿Recibió alguna consigna monclovita para ausentarse y dejar plantado al presidente Carlos Mazón con la palabra en la boca, con el que se había reunido por la mañana en la Generalitat? ¿Cómo no van a considerar los empresarios valencianos una falta de respeto que el ministro diese preferencia a una entrevista televisiva, que compartir con ellos uno de sus actos más relevantes, como lo es el organizado por la Cámara de Comercio de Valencia que preside José Vicente Morata?
Los empresarios y la atención en catalán
¿No hubiese sido ocasión propicia para que el ministro Carlos Cuerpo alejase los temores del empresariado valenciano, sobre todo los que facturan más de cincuenta millones o tienen una plantilla superior a los 250 trabajadores, de la amenaza – que puede parecer fantasmagórica, pero siendo exigencia de Junts/Puigdemont hay que considerar como un peligro real – si se viesen obligados a tener que incorporar a sus plantillas empleados que con dominio del catalán, gallego y vascuence –otra vez que nada se dice de la Lengua Valenciana -- atiendan a los clientes en la misma lengua que estos utilicen cuando pidan información o planteen alguna pregunta? ¿Para cuándo un pronunciamiento inequívoco de Carlos Cuerpo en defensa de la autonomía empresarial frente esta nueva intimidación puigdemoníaca, amenaza que puede hacerse realidad como otra concesión sanchista a un capricho separatista de Junts, con tal de seguir okupando La Moncloa?
¿Y por qué no empieza Sánchez por La Moncloa?
Si tan dispuesto está Pedro Sánchez en acceder a todos los caprichos y antojos del prófugo de Waterloo, ahora pretendiendo que sea obligatorio en toda España que sea atendido en catalán quien lo haga en esta lengua y llame, pongo por caso a una empresa jamonera de Jabugo a la que se la obligará si factura más de cincuenta millones de euros, ¿por qué quien sigue siendo presidente del gobierno no empieza por dar trabajo en La Moncloa a quienes –políglotas o no – pueden atender en catalán, gallego o vasco a todo comunicante que, obviando el mandato constitucional de conocer la Lengua Española, lo hace en una lengua cooficial y exija ser atendido en la misma? ¿Tendrá Sánchez un detalle con los valencianos y podrán ser atendidos en su propia lengua sin tener que sufrir el menosprecio de ignorarla al pretender diluirla en el catalán, tal como se viene haciendo desde instancias oficiales en el caso de su reconocimiento en la Unión Europea?
Diana Morant y la presunción de inocencia
Si clamorosa fue la negación de la presunción de inocencia de Jorge Rodríguez cuando siendo presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, fue detenido junto con varios de sus colaboradores por el caso Alqueria, del que resultarían todos absueltos, forzándole a dimitir de la Diputación y no dejándole presentar en la siguientes elecciones municipales, ¿por qué en el PSPV-PSOE se sigue negando ese derecho constitucional a la presunción de inocencia, como ha hecho su ministra y secretaria general, Diana Morant, al borrarse del acto inaugural del curso académico en la Universidad de Alicante, aduciendo su incompatibilidad presencial por la intervención del catedrático de Derecho Procesal, José María Asencio, denunciado por presuntos delitos de violencia contra la mujer y por lo que declarará el próximo jueves día 25, aún en la fase de diligencias previas?
¿Garantizada la seguridad de la Procesión Cívica?
¿Está en condiciones la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, de garantizar la seguridad del desarrollo de la Procesión Cívica del 9 d’Octubre, tanto si asiste a ella el presidente del Consell, Carlos Mazón, como si --con buen criterio-- decide no acompañar a nuestra Real Senyera, para que nadie pueda aprovecharse del derecho a manifestarse que tienen los familiares de fallecidos, damnificados por la dana y los valencianos que quieren darles apoyo? ¿No sería de lo más conveniente que quienes asesoran a Carlos Mazón le hiciesen ver que su presencia en la Procesión Cívica puede ser utilizada por radicales y alborotadores -tanto autóctonos como foráneos- para tratar de cargarse el acto más importante de la fiesta mayor de la Comunidad Valenciana?
Ábalos y la Oficina Anticorrupción
Al tiempo que Carolina Perles, la ex de Ábalos, sigue desvelando secretos de menor cuantía, el que fuera todopoderoso ministro de Transportes sigue aferrado/aforado al escaño que muy graciosamente puso a si disposición al compañero Pedro Sánchez, al colocarlo digitalmente de número dos en la candidatura al Congreso por Valencia, en el que se mantiene y desde el que vota siempre a favor de todas las propuestas que plantea la izquierda sanchista. O la ultraizquierda de Sumar, que por cierto es la que más resta. Ábalos tuvo el cuajo de votar a favor de la creación de una oficina anticorrupción, una propuesta de Yolanda Díaz perdió porque, además de PP y Vox, también lo hizo Junts. ¿Una oficina anticorrupción votada por Ábalos, pese estar siendo investigado por el Supremo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal –todo grabado por Koldo, grabaciones que la Guardia Civil ha dicho que son fetén— además de cohecho, tráfico de influencias y malversación? O sea, los pájaros contra las escopetas.
Igualdad con una ministra que con otra
No tienen suerte y sí temor –y mucho- las mujeres españolas con las ministras de Igualdad elegidas por Pedro Sánchez. Si Irene Montero, de gran ingrato recuerdo para todas las agredidas sexualmente por muchos, tantos como los 1.400 depredadores sexuales, que se han visto beneficiados por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como Ley de sí es si, quien la sustituyó en el ministerio, Ana Redondo, ha demostrado ser tan ineficaz y nefasta como su predecesora. A ésta, se le escapan muchos hombres investigados por violencia de género, porque loa brazaletes y pulseras para su control han fallado penosamente, mientras que otros se ven beneficiados por sobreseimientos o fallos absolutorios, como vino a descubrir la Memoria del pasado año de la fiscalía general del Estado. En vez de reconocer con humildad las pifias y tratar de evitar que se repitan, la ministra niega la mayor. Y punto redondo.
